En Brasil autorizarán los OGM
El etiquetado será una exigencia
Después de más de nueve meses de debate polarizado entre diversos sectores, el Gobierno presentó el proyecto de ley que fija penas de hasta tres años de prisión para quien plante o comercialice transgénicos sin la autorización correspondiente.
El texto firmado por Lula intenta conciliar los intereses de los defensores de los transgénicos y de los ambientalistas. Asimismo, otorga el poder de decisión final sobre los pedidos de autorización de actividades a un consejo de 12 ministros presidido por el jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete), José Dirceu.
En el caso de involucrar cuestiones ambientales, las actividades con OGM deberán obtener licenciamiento ambiental (cuyo otorgamiento no podrá durar más de un año, según una resolución del Consejo Nacional del Medio Ambiente). En la práctica, el proyecto autoriza pero dificulta y torna más lenta la aprobación de los productos transgénicos.
Las actividades con productos genéticamente modificados serán autorizadas en la medida en que cuenten con la aprobación de la Comisión Técnica de Bioseguridad. Este organismo tomará en cuenta aspectos éticos y de interés nacional a la hora de decidir la liberación de cultivos y comercialización de transgénicos. Para que el consumidor esté informado sobre los productos en cuestión, el proyecto refuerza la exigencia de rotulado de aquellos alimentos que contengan OGM. Desde abril, un decreto del presidente Lula exige dicho etiquetado en los productos que contengan más del 1% de transgénicos, aunque hasta ahora la medida no fue cumplida.
