Graves derivaciones por la doble indemnización

Algún juez podría determinar que se trata de un «derecho adquirido» y, aunque el gobierno resuelva en algún momento del año próximo que el régimen no tiene más vigencia, igual podría haber reclamos judiciales. Hay otro peligro. El régimen abarca a los empleados en relación de dependencia anteriores a enero de 2003. Los nuevos trabajadores pueden también recurrir a la Justicia en caso de despido y, amparándose en los artículos 14 bis y 16 de la Constitución, reclamar la igualdad ante la ley y la no discriminación laboral. Ayer, Roberto Lavagna fue realista y definió como «mala señal» esta prórroga, entrando así nuevamente en colisión con el Presidente, que la defiende.

La alarma comenzó a circular en las principales empresas del país. Varios de sus asesores laborales analizan la posibilidad, ante la nueva prórroga del régimen de doble indemnización que está por decidir el gobierno, de que esta medida se convierta en un «derecho adquirido».

Esto implica que la Justicia podría tener los argumentos para decidir que el régimen no podría ser desmantelado, aunque el gobierno así lo decida y podría llegar a considerarse como una norma de vigencia permanente o «derecho adquirido».

Hay, además, otra amenaza jurídica: los nuevos empleados que fueron incorporados a las empresas desde enero de 2003, y que en teoría no están amparados por el régimen de doble indemnización, también podrían recurrir a la Justicia y reclamar ese beneficio bajo el principio constitucional de «igualdad ante la Justicia».

Estas dos posibilidades son analizadas en varios estudios jurídicos desde hace algunas semanas. Fueron confirmadas ante este diario desde dos puntos de vista: el economista de FIEL, Juan Luis Bour, experto en mercado laboral, y el constitucionalista Gregorio Badeni.

El jurista consideró que eventualmente un trabajador despedido sin causa y que no esté beneficiado por el régimen de doble indemnización podría recurrir a la Justicia y pedir que se lo incorpore al beneficio. El argumento sería que la medida incluye a todos los trabajadores en relación de dependencia, salvo los que ingresaron desde enero de este año, y por eso es «discriminatoria» y violaría tres principios constitucionales. El primero, según Badeni, es el artículo 14 bis que afirma que el trabajador tiene asegurada «condiciones equitativas», «igual remuneración por igual tarea» y la «protección contra el despido arbitrario». Se suma también el artículo 16 que menciona que «todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad». A partir de estos principios, algún juez podría interpretar que la coexistencia de dos sistemas de despidos con beneficios diferentes podría ser considerada inconstitucional en algún tribunal.

Por otro lado, la posibilidad de que la Justicia dicte que el régimen de doble indemnización es un derecho adquirido también sería una alternativa concreta. Aquí se apela al principio laboral de los «derechos adquiridos» que no pueden ser violados retroactivamente. Según esta visión jurídica, la doble indemnización, sin importar que se trate de un régimen amparado en la Ley de Emergencia Económica aprobada en enero de 2002, podría ser ya un derecho de los empleados en relación de dependencia, con lo cual no podría ser desmantelado por otro decreto. El aval jurídico de este principio es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Económicos, al que la Argentina adhiere en el artículo 75 inciso 22 que menciona que es contribución del Congreso «aprobar o