La falta de políticas activas ya condiciona el futuro del agro

Creemos que, ahora, a pesar de la resistencia retardataria de los que no pueden vislumbrar una Argentina distinta, los productores continuarán organizándose a través de nuevas entidades regionales, nacionales y específicas, que finalmente deberán converger en una nueva estructura representativa en el ámbito nacional, unida, solidaria, y sin compromisos con el poder, para lograr la defensa con posibilidad de éxito, de los derechos e intereses de todos los productores agropecuarios argentinos.

El panorama para 2004 dependerá en gran medida de la política agropecuaria -y las acciones que el gobierno nacional determine ya que las condiciones externas aparecen, en términos generales, como más favorables. Creemos entonces que deben instrumentarse políticas macroeconómicas, sociales y culturales activas y con el signo opuesto a las que con impunidad, y durante más de diez años, permitieron que la pobreza, la desnutrición y la exclusión alcancen hoy a más de la mitad de los habitantes de nuestro país.

Este lamentable desenlace, sobre el que advertimos y denunciamos casi en soledad durante esa década, fue el resultado de un proceso macroeconómico escandaloso, acompañado por buena parte de una dirigencia política, empresarial y sindical, con comportamientos autoritarios y excluyentes, y que, por acción, omisión, mediocridad o distracción culposa, permitió el esquema que expulsó de sus tierras a más de una tercera parte de los productores, además de posibilitar la transferencia, lejos de nuestras fronteras, de miles de millones de dólares que hoy condicionan nuestro desarrollo y nuestro poder de decisión. Reiteramos la necesidad de aplicar, desde ahora, medidas que contemplen la situación de los productores agropecuarios expulsados de sus campos o endeudados, que aún se encuentran en los pueblos del interior o en explotaciones descapitalizadas, para reincorporarlos al circuito económico rural y preservar su cultura productiva. Esto significa rescatar decenas de miles de pequeños y medianos empresarios, como motores imprescindibles de la política agropecuaria que propiciamos, y sin los cuales es impensable lograr el desarrollo equilibrado e integrado de un vasto territorio, que queremos ocupado mayoritariamente por auténticos productores.

El Programa Social Agropecuario y Prohuerta son herramientas que merecen mayor presupuesto y atención para ayudar a sacar de la pobreza y el subdesarrollo a más de cien mil productores. Seguiremos sosteniendo, asimismo, que se debe terminar con las prácticas que provocan la desjerarquización de los organismos competentes del Estado -como el SENASA, el INTA, el INASE y la ONCCA-, que delegan parte de sus misiones y funciones sanitarias, de control, promoción y trazabilidad, a organizaciones privadas o paragubernamentales de derecho publico no estatal que superponen su actividad y costos administrativos, tasas y aranceles, a los propios de los organismos del Estado responsables y a los de todos los productores, para ocuparse de actividades que éstos realizan o deberían realizar.

Igualmente, las administraciones de estos organismos dependientes de la Secretaría de Agricultura deben contar con conducciones integradas por funcionarios surgidos de los ámbitos académicos, científicos y técnicos de alto nivel, y con poder de decisión política, que implique acciones de excelencia e independientes de las corporaciones, cuya participación debe entenderse solo como necesaria para la defensa de los intereses sectoriales.

El proyecto agropecuario en que creemos no implica aumen