A propósito de la ley contra la extranjerización de tierras

La Federación Agraria Argentina, excepto un breve comunicado de ayer, se mantuvo al margen de las discusiones generadas por su proyecto de ley sobre Restricciones y Limitaciones a la Adquisición de Inmuebles Rurales, que contempla, entre otros aspectos, resguardos frente a la extranjerización de las mismas. Para los distraídos, en ese documento aclaró que la entidad no se opone a la venta de tierras en unidades económicas a los extranjeros que vienen a trabajar en ellas, a integrarse a nuestra sociedad, como lo hicieron en su tiempo nuestros abuelos.

Ratificó, así, su posición en torno a este tema vital para todos los argentinos. Y que, vale reiterarlo, involucra, además de la permanencia y/o acceso a la tierra de los auténticos productores en su medio de trabajo, cultura y producción, a la soberanía territorial, a los recursos suelo, agua, reservas energéticas, medioambiente, etc., que terminan enajenados a favor de inversores y especuladores circunstanciales.

En las últimas horas, esas voces se multiplican entre los sectores más conservadores de la sociedad, repudiando la iniciativa de esta organización que fue recientemente presentada en la Cámara de Diputados de la Nación por dos legisladores del partido gobernante. Y no sorprende. Son las voces de siempre. Las que se niegan a todo cambio que implique mejorar la calidad de vida del conjunto. Las de quienes defienden un status histórico, fuertemente ligado a grandes intereses y, consecuentemente, a nuestros fracasos sociales, que no son otros que los de la nación misma.