Economía espera una nueva señal para comenzar el canje.

Tras el fallo a favor de la Cámara de Apelaciones, en la Casa Rosada aguardan la resolución del juez Thomas Griesa para destrabar formalmente el cambio de bonos...

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23deMayode2005a las09:11

El gobierno argentino aguarda con ansiedad el fallo de la justicia estadounidense que permita destrabar formalmente el canje de deuda pública y allane el camino para que comiencen a cotizar los nuevos títulos en el mercado secundario de bonos de todo el mundo.

Así, las autoridades del Palacio de Hacienda tendría las manos libres como para tramitar el trueque de bonos por 7.000 millones de dólares y disponer el pago de unos 700 millones en concepto de intereses.

Tras haberse obtenido un fallo de la Cámara de Apelación de Estados Unidos para levantar los embargos que pesan sobre el canje, en la última semana se aguardó sin éxito un dictamen por parte del juez de Nueva York, Thomas Griesa.

La medida fue adoptada el 13 de mayo por el voto unánime de los tres miembros de la Cámara estadounidense, desde donde se promovió la negativa de este fuero a la acción judicial presentada oportunamente por los "fondos buitres" Elliot y NML Capital, del multimillonario Kenneth Dart.

Los integrantes de la Cámara de Apelación que dictaron sentencia fueron Jon Newman, Joseph McLaughlin y Peter Hall.

Expertos en el área de las finanzas consideran que los nuevos títulos públicos de la Argentina una vez que comiencen a cotizar en el mercado secundario de deuda lograran escalar posiciones en materia de precios.

Tras el esperado dictamen de Griesa, las autoridades argentinas cuentan con un plazo de siete días, tal como consta en el prospecto de presentación del canje, para realizar las modificaciones requeridos para los nuevos bonos. Este trámite está trabado desde el pasado 1 de abril.

De esta forma, la Argentina quedó en condiciones de intercambiar los 62.248 millones de dólares en bonos defaulteados por nuevos títulos por un valor total de 35.238 millones de dólares.

Los demandantes pretendían imponer el criterio de que los bonos que habían sido depositados en el Bank of New York para ingresar al "swap" era propiedad de la Argentina y en consecuencia podían embargarlos y así cobrar el total de sus tenencias.

Pero la justicia estadounidense apoyó la posición del gobierno argentino, que entendía que los papeles eran propiedad de los acreedores y por tanto no podían ser sujeto de un embargo.

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