Más restricciones para ingresar divisas.

Lo estableció una resolución de Economía que señaló la necesidad de mantener un tipo de cambio competitivo

Con el mismo objetivo, el Gobierno adquirió ayer otros US$ 131 millones

En un intento por desalentar el ingreso de fondos especulativos de corto plazo, ante la cada vez más inminente concreción del canje de la deuda soberana, el Ministerio de Economía amplió ayer hasta 365 días el plazo mínimo requerido para que las divisas ingresadas puedan ser transferidas nuevamente al extranjero.

La medida, que había sido adelantada por el ministro Roberto Lavagna, quedó en vigencia al publicarse ayer en el Boletín Oficial la resolución 292 y que anoche convalidó el Banco Central (BCRA), el ente encargado de hacer observar su cumplimiento.

Economía hizo uso de una facultad ("la de modificar el plazo en caso de que se produzcan cambios en las condiciones macroeconómicas que indiquen la necesidad de ampliarlo o reducirlo") que ya le había conferido el artículo 3° del decreto presidencial 285, de 2003, que había fijado en 180 días el plazo mínimo de permanencia requerido para las divisas que ingresan del extranjero, antes de que se autorice su salida.

Ese decreto también había elevado el status de un control que ya había instaurado el BCRA un año y medio antes cuando fijó las condiciones para operar en el mercado cambiario, tras la abrupta devaluación de 2002. Entonces, la obligatoriedad de estada había sido fijada en 90 días, con lo que se trata de la segunda ampliación.

El objetivo de las dos últimas prórrogas fue reducir el ingreso de fondos especulativos en un contexto favorable para la llegada de divisas al país por los bajos rendimientos que tienen los activos financieros del exterior mejor calificados y los beneficios que traería la próxima normalización de la situación financiera de la Argentina, cuyos bonos volverán a formar parte del menú de posibles inversiones de los grandes fondos internacionales.

A fines de junio de 2003, la Argentina, con nuevo gobierno, dejaba atrás la traumática experiencia de la reprogramación compulsiva de depósitos, lo que obligaba a los bancos a ofrecer altas tasas a los ahorristas para que les confiaran -esta vez de manera voluntaria- su dinero. La posibilidad de que algunos inversores intentaran sacar provecho de esos elevados rendimientos llevó entonces a la administración Kirchner a poner en práctica una medida de efectos dudosos, pero de alto valor simbólico. "Es como poner un cartel que diga: «Aquí no son bienvenidos», pero la experiencia muestra que cuando los capitales financieros quieren ingresar encuentran las maneras para hacerlo y cuando buscan salir también, aunque a veces resignando una parte de lo ganado", señaló el economista Miguel Bein.

Casi dos años después, Economía busca evitar que el recuperado apetito por los activos financieros nacionales (ayer los bonos por emitirse avanzaron hasta US$ 2, como el discount en dólares) incentive el ingreso de divisas en momentos en que la plaza se encuentra fuertemente desbalanceada y el Gobierno está obligado a realizar esfuerzos cada vez más costosos para sostener la cotización local del dólar mayorista por encima de $ 2,88, el mínimo nivel comprometido ante los industriales.

Argumentos

El argumento fue puesto de manifiesto ayer en los considerandos de la resolución. "El flujo de capitales es de corto plazo, traducido en una mayor oferta de divisas, incide directamente sobre el mercado cambiario y en forma indirecta podría afectar la toma de decisiones de los agentes productivos en función del eventual efecto sobre la competitividad", señaló la resolución.

Ese temor volvió a observarse ayer y obligó al Gobierno a comprar US$ 131 millones (107 millones adquirió