Lavagna admite que no hay plazos para acordar con el FMI.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admitió ayer que el Gobierno no se ha impuesto plazos para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El momento de cerrar la discusión de un nuevo programa "se verá en el momento en que nos pongamos a trabajar", precisó el jefe del Palacio de Hacienda. Y de inmediato añadió: "Estamos disponibles para sentarnos hoy mismo si hace falta".

Casi simultáneamente, el vocero del FMI, Thomas Dawson, reveló en una conferencia de prensa en Washington que la Argentina todavía no hizo ningún pedido oficial para empezar a negociar un nuevo acuerdo.

En declaraciones que fueron reproducidas por las agencias internacionales de noticias, Dawson aclaró que es el gobierno argentino el que "debe determinar cuál será el curso de acción" a partir de ahora. "Si quieren acercarse a nosotros para discutir un programa, es su prerrogativa", explicó.

El lunes ultimo, el FMI aprobó la revisión anual de la economía argentina, en un trámite de rutina previsto en el artículo 4 de sus estatutos. Sin embargo, para la Argentina adquirió particular relevancia porque ese informe servirá de base para la discusión de un nuevo acuerdo con el organismo. El país necesita tener un programa en vigencia para poder refinanciar los próximos vencimientos de la deuda con el Fondo. Sólo desde este mes hasta fin de año representan 2.250 millones de dólares.

En la medida que el acuerdo es más extenso es mayor la cantidad de pagos que se pueden reprogramar y así aliviar la cartera de compromisos que debe enfrentar el Gobierno. Por eso, el Ministerio de Economía admite que "lo ideal" es un acuerdo a tres años. Pero aclara que el plazo final dependerá de las condiciones que ponga el FMI. Cuanto más largo sea el programa, mayores serán las exigencias.

De todos modos, un acuerdo por 12 meses (del tipo stand by) no eximiría a la Argentina de tener que cumplir pautas que son consideradas antipáticas por el Gobierno en esta coyuntura electoral. Entre esas demandas, el FMI incluye una solución para los bonistas que no entraron al canje, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y un mayor superávit fiscal primario para pagar la deuda.

Por eso, Lavagna ayer se encargó de aclarar que "cualquier acuerdo tiene que respetar el crecimiento argentino, asegurar un crecimiento del empleo y una reducción de la pobreza". Respecto de si el acuerdo se cerrará antes o después de las elecciones de octubre, Lavagna dijo: "no es precisamente ni lo uno ni lo otro".

El lunes pasado —durante el acto del Día de la Bandera— el presidente Néstor Kirchner ratificó que sólo se aceptarán exigencias que no sean recesivas. Y el miércoles, en la Casa Rosada, reiteró que el Gobierno busca avanzar en una política de "desendeudamiento" con el FMI.

Con ese objetivo, desde que Kirchner asumió la Presidencia lleva pagados a los organismos (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y FMI) unos US$ 7.500 millones.