Plan con fuerte impulso a las inversiones en biotecnología.

Lo anunciaron Kirchner y Lavagna. El país es competitivo en este sector. El Estado se hará cargo del 50% del sueldo de los investigadores.

El presidente Néstor Kirchner estampó ayer su firma en un proyecto de ley para crear un régimen de promoción a la biotecnología, que prevé diferentes estímulos fiscales para las empresas que incursionen en uno de los terrenos más prometedores de la economía global. "Tiene una importancia estratégica fundamental", enfatizó el ministro de Economía, Roberto Lavagna, al lanzar la iniciativa.

Kirchner y medio gabinete (además de Lavagna estaban los ministros Daniel Filmus y Aníbal Fernández) encabezaron un acto breve y sencillo, que contrastó con los objetivos planteados por el Gobierno al elevar al Congreso este proyecto: potenciar la investigación en un país que ha tenido tres premios Nobel en ciencias biológicas, pero que en los últimos tiempos perdió la brújula y dejó escapar hacia el extranjero a centenares de científicos.

No es que la Argentina haya dado la espalda a la biotecnología. Por el contrario, se abrazó a ella desde un principio. Por caso, según recordó Lavagna, hoy tiene 16 millones de hectáreas sembradas con las primeras semillas transgénicas, que se aprobaron aquí en simultáneo con Estados Unidos. Lo que sucede es que —salvo honrosas excepciones como las vacas transgénicas desarrolladas por la nacional Biosidus, para producir hormonas de crecimiento—, esos avances tienen sello de importados.

Lavagna explicó que el proyecto de ley contempla una serie de estímulos. Entre los beneficios previstos figuran la amortización acelerada de los bienes de capital y la devolución anticipada del IVA. Pero uno de los ganchos de la iniciativa es que el Estado prevé abonar, mediante bonos de crédito fiscal, el 50% de los aportes patronales de los empleados que tomen dichas empresas. Economía también prometió cargar con la mitad de los gastos destinados a la contratación de investigadores, siempre que éstos provengan de la universidad pública o del Conicet.

El régimen tendrá una vigencia de 15 años. Y los proyectos promovidos deberán pasar por el filtro de una comisión mixta entre públicos y privados.

En rigor, por ahora son escasas las iniciativas privadas en el rubro. El más destacable lo llevan adelante la propia Biosidus y otra empresa formada por productores, Bioceres, que están levantando un centro de investigaciones en Rosario, que costará 5 millones de dólares y comenzará a trabajar a mediados de 2006.