Las entidades contra el Inmobiliario Rural
La propuesta que sostienen es analizar dicha medida para llegar a un resultado común donde el Estado provincial recaude más sin perjudicar al productor agropecuario.
PorLa propuesta que sostienen es analizar dicha medida para llegar a un resultado común donde el Estado provincial recaude más sin perjudicar al productor agropecuario.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Carbap expresaron ayer su desacuerdo con el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural previsto para Buenos Aires.
“Consideramos excesivo el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural previsto por el Ejecutivo bonaerense para el 2006 y reclamamos la posibilidad de discutir el mismo”, destacaron en un comunicado de prensa.
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Nuevas restricciones por Covid en Córdoba: qué actividades vuelven y cómo siguen las clases“La creciente presión impositiva al sector agropecuario por las superpuestas tributaciones municipales, provinciales y nacionales: retenciones a las exportaciones, Impuesto al Cheque, Ganancias, tasas municipales y guías, se amplia con el incremento desmedido pretendido en el Impuesto Inmobiliario Rural, que le seguiría quitando capital productivo y rentabilidad al sector”, expresaron las entidades.
La propuesta es analizar dicha medida en conjunto para llegar a un resultado común donde el Estado provincial recaude más sin perjudicar al productor agropecuario.
Para ello “deben analizarse y disminuir los incrementos del impuesto inmobiliario anunciado por el gobierno, restituyendo la bonificación de 25% a los productores que paguen en tiempo y forma”. De esta manera se puede lograr que el gobierno provincial reconozca a las entidades agropecuarias la posibilidad de efectuar el debido control sobre la aplicación de los montos correspondientes a los municipios con destino a obras en caminos rurales y obras hidráulicas, y evitar que se aumenten las tasas viales.
Coninagro, la Rural y Carbap esperan que el gobierno provincial realice una reunión urgente con el fin de poder expresar las propuestas que consideran apropiadas para el sector de la producción agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.
