Estudia gobierno plan para la salida total del default

Los juicios contra la Argentina por el default pueden, tras el pago al FMI de toda la deuda, afectar más de lo inicialmente previsto. Tras las modificaciones que se introdujeron en el Banco Central surgirían diferentes interpretaciones en los tribunales del exterior sobre si las reservas internacionales del país pueden o no ser embargadas. En el Ministerio de Economía comenzaron a trabajar sobre una solución para los bonistas -con o sin juicios iniciados- que rechazaron el canje de la deuda cerrado en febrero. Obviamente, las condiciones serán, en el mejor de los casos, iguales a las ofrecidas a los tenedores de títulos que aceptaron la oferta inicial.

Seguramente por razones de complicación judicial, el gobierno analizaba ayer ofrecerles otra oportunidad a los bonistas que desistieron de ingresar en el canje por la deuda. Aunque ésta era una exigencia del Fondo Monetario Internacional -una de las tantas con las que no se quería cumplir-, paradójicamente ahora que se le paga por anticipado a ese organismo, el gobierno se encuentra casi en la obligación de cumplir el trámite de renovar la propuesta del canje. Al menos, hasta anoche se revisaban las distintas alternativas que exhibiría esta decisión. Ocurre que Néstor Kirchner, además de atender las ahora duras exigencias judiciales desde el exterior, también planifica la quita de nubarrones financieros para su visita a los Estados Unidos en febrero próximo: pretende demostrar allí que los acuerdos con Venezuela son sólo económicos y no políticos.

Por lo que trascendió y debido a que el FMI no es un acreedor privilegiado, sino tan común como los inversores que compraron títulos de la Argentina, éstos al menos merecen un tratamiento semejante (principio elemental del Derecho que, sin duda, debió atender el Presidente -quien, como abogado, no podía ignorarlo- cuando determinó el desendeudamiento el jueves pasado). Y si bien no se les ha otorgado ese nivel a los que aceptaron el canje, al menos habría que darles una respuesta o una segunda chance a los bondholders que se quedaron afuera (23,85% de la masa inicial). Tema para especialistas jurídicos -si se avanza o no con la medida-, pero con obvias implicancias económicas.