El Gobierno y las cerealeras discuten por US$ 650 millones
La Oncca instruyó a la AFIP que los cobre, pero las empresas quieren una revisión.
Mientras aún se escuchan los gritos por el debate legislativo en torno de las retenciones móviles, en voz baja se desarrolla una fuerte discusión millonaria entre el Gobierno y las cerealeras por US$ 650 millones en derechos de exportación presuntamente no ingresados en el fisco.
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) resolvió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debe cobrarles a las principales cerealeras del país este dinero por "retenciones mal liquidadas", es decir, pagadas supuestamente con una alícuota inferior a la que correspondía.
El presidente del organismo, Ricardo Echegaray, dijo a LA NACION que "las empresas no cometieron un delito de evasión, aunque sí hubo una maniobra de elusión, porque anotaron exportaciones de granos que no existían y que todavía no habían comprado". El funcionario se refirió a las anotaciones que realizaron las empresas cerealeras antes de que la alícuota de la retención para la soja pasara del 27 al 35% en noviembre. "No es un delito, pero la reglamentación de la ley Martínez Raymonda determina que tenemos que verificar si esa mercadería existía o no y eso fue lo que hicimos. Y lo mismo haremos ahora con la industria aceitera, donde seguramente habrá diferencias en torno de los 300 millones de dólares, y lo mismo pasará con el resto de las exportaciones del agro", agregó.
