El campo intentará que exportadores le reintegren u$s 345 millones

Con la decisión oficial de suspender la resolución 125, que estableció las retenciones móviles, los productores no abandonarán sus intenciones de recurrir a la Justicia. El campo consideró como un triunfo el fin de la vigencia de la polémica norma, pero buscará reclamar ahora por la diferencia entre los derechos de exportación que pagaron por ventas realizadas en los últimos cuatro meses y los que los exportadores les habrían retenido de existir el esquema tributario previo al 11 de marzo. Son, en promedio, siete puntos porcentuales de diferencia, que en dinero representan unos u$s 345 millones, correspondientes a soja, trigo, maíz y girasol. Por este valor, y amparándose en la inconstitucionalidad y la confiscatoriedad de la resolución, el campo podría reclamar la devolución en la Justicia.

El cálculo surge de la Secretaría de Agricultura, que publica los registros de compras semanales de granos por parte de los exportadores y la industria local. No sirve contabilizar las ventas al exterior, ya que muchas veces las cerealeras compran los granos mucho antes de formalizar la exportación. Esta fue justamente la crítica que recibió el Gobierno, cuando planteó que durante el conflicto los productores habían vendido igual, basándose en las estadísticas de las exportaciones.

En el caso de la soja, los productores vendieron durante el periodo marzo–junio 10,8 millones de toneladas, que multiplicadas por el precio FOB promedio en esos meses –u$s 311 la tonelada– y, a su vez, por los siete puntos porcentuales de diferencia de retenciones entre el esquema móvil y el 35% fijo que regía antes de marzo da un valor de u$s 235,5 millones por los que los ruralistas podrían reclamar su devolución. Para el maíz, la cuenta da u$s 67,5 millones; para el trigo, u$s 19,1 y para el girasol, u$s 22,8 millones, lo que da un total de u$s 344,9 millones.

El campo ya había iniciado el camino judicial hace algunos meses, pero no fueron muchos productores los que se animaron a iniciar demandas. Consultado por El Cronista, el constitucionalista Felix Loñ consideró que la “suspensión de la resolución 125 desarma la vía judicial, aunque el campo podría reclamar por lo que pagaron de más durante el período de vigencia de la norma”. Los dos argumentos que, según Loñ, los chacareros podrían utilizar son que la resolución es inconstitucional porque el Ejecutivo no tiene facultades para aplicar impuestos y que es confiscatorio.

El productor santafesino Ricardo Lan fue uno de los pocos que presentó una medida cautelar y obtuvo un fallo de primera instancia a su favor. La presentación fue hecha en el juzgado federal de Rosario y el fallo dispuso que la Aduana debía devolverle al productor la diferencia de retenciones entre las vigentes al momento de la venta y las que regían previo al 11 de marzo. Respecto de si los productores reclamaran por la diferencia ya con la resolución 125 suspendida, Lan interpretó que “aquella persona que vendió entre marzo y la actualidad estuvo consintiendo esos valores”, por lo que “será difícil que reclamen por algo que aceptaron”. De todas formas, muchos ruralistas se vieron en la necesidad de vender para cumplir con compromisos financieros.

Por Natalia Donato.