Tiene Cristina Kirchner 60 días de ventaja económica para acomodar la crisis política

En la medida que el Gobierno no invente en las próximas semanas otra tragedia como la de las retenciones móviles, Néstor y Cristina Kirchner tendrían por lo menos 60 días de ventaja económica para intentar reacomodar la profunda crisis política con que comenzaron su accidentado segundo mandato.

Hay datos objetivos de las últimas horas que merecen atenderse: el viernes, por ejemplo, el Banco Central y el Nación compraron unos u$s 200 millones por liquidaciones atrasadas de los exportadores cerealeros, y se espera desde hoy que el ritmo aumente a por lo menos unos u$s 300 millones por día. El ingreso de divisas transformadas a pesos hará más fluida la plaza financiera, irá reduciendo el costo del crédito de corto plazo, y debería ayudar en el proceso de normalización de la actividad que estuvo trabada cuatro meses por el célebre conflicto con el campo.

También el viernes aparecieron algunas órdenes de compra genuinas de bonos argentinos que, de mantenerse la tendencia, podrían recuperar lentamente desde el quinto subsuelo al que fueron sometidos en este primer semestre de dislates en la conducción política y económica del país. Parecería que también se consolidó una tregua en los mercados mundiales, al menos hasta que surjan novedades que hoy no se conocen de nuevas instituciones en problemas por la falta de pago de las hipotecas.

Otra ventaja para la Casa Rosada es que por factores estacionales de todos los años, combinados con el menor consumo que derivó de la crisis agropecuaria, también julio y agosto serían meses con baja inflación. Un fenómeno que volvería a amenazar en septiembre, a juicio de los economistas más experimentados. La carne mostrará caída de precios este mes contra los picos de junio y el anticipo de liquidaciones en indumentaria permitirá que este rubro, también decisivo, juegue a favor hasta la primavera.

En este marco de actividad económica en proceso de normalización después de la crisis y los cortes de ruta, con la inflación estable en julio y agosto, el Gobierno promete cumplir una nueva agenda de medidas económicas orientadas en dos sentidos: reanimar el consumo aumentando los ingresos de los trabajadores, sobre todo la clase media; y enviar señales de mayor control sobre la situación fiscal con ajustes de tarifas que reduzcan el gasto millonario y creciente de los subsidios para mantener precios congelados. Las medidas para reactivar el consumo las anticipó este diario en la tapa del pasado 8 de julio: aumento a $ 1200 para el salario mínimo, suba de asignaciones familiares e incremento del mínimo no imponible con alivio para los sueldos altos afectados por la “tablita” de Machinea que impide deducciones. Se calculan unos $ 2000 millones que se liberarían para el bolsillo de los empleados en relación de dependencia, casi un sueldo completo de aguinaldo impositivo si es que se cumple todo lo que el propio equipo económico se ocupó de filtrar a la prensa en las últimas semanas. La agenda con las tarifas domiciliarias de luz y gas es conocida, y la viene postergando el Gobierno desde fines de 2007.

Todos estos planes que se anuncian, el enésimo relanzamiento que se promete del gobierno de Cristina, o la novela del Bicentenario y el Pacto Social, serán precisamente los que estarán en observación en los próximos 60 días. No tanto las medidas, que en general se conocen. Hasta trascendió un generoso blanqueo de capitales que ni Carlos Menem se animó a proponer en los noventa. El problema es quién gestiona y cuáles serán las señales para el mundo económico y para la inversión.

Mientras el país seguía con insomnio la definición de las retenciones en el Senado, la