Por si la negociación se rompe, Echegaray tiene listo un plan B

La vuelta de cartas de porte al Estado, mayor fiscalización y otra ley de exportaciones agrícolas son las medidas que maneja Echegaray si vuelve el conflicto con el campo.

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06deAgostode2008a las07:14

El mismo día que el Gobierno recibió a la mesa de enlace rural, el organismo oficial que reparte los subsidios al agro –la Oncca– mostró los números que le asignan una importancia creciente. El más trascendente de todos, cuántas compensaciones repartirá a lo largo del 2008: $ 3.167 millones, bastante más que los $ 2.000 millones previstos hace algunas semanas.

Es una forma de seducir a los productores; táctica inversa a la desarrollada con grandes exportadores, a quienes pretende cobrarles u$s 2.400 millones más por aplicación retroactiva de la Ley Martínez Raymonda.

“La reunión fue buena, constructiva, estamos tendiendo puentes”, señaló el presidente de la Oncca, Ricardo Echegaray, tras el encuentro con el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, y directivos de Sociedad Rural, Federación Agraria (FAA), Coninagro y CRA.

Aunque Echegaray no lo diga, el reparto de subsidios busca dividir el férreo bloque que formaron desde marzo las entidades del agro. Por un lado, marcando las diferencias entre grandes exportadores y productores primarios; por otro, beneficiando más a los pequeños de este último universo.

Tras la reunión de ayer, el diálogo reemplazó al enfrentamiento. Pero si el conflicto vuelve, Echegaray tiene varios ases en la manga: el quite de las cartas de porte a FAA; mayor presión fiscalizadora; y modificación de la Ley de exportaciones agrícolas.

De todas ellas, la medida menos probable es el quite de las cartas de porte a Federación Agraria. “Según el comportamiento que tenga esta entidad de aquí hasta fin de año, veremos si hace falta quitarles o no una herramienta que debería estar en manos del Estado”, confió una fuente oficial a El Cronista.

Para una mayor presión fiscalizadora, Echegaray está en mejores condiciones que nunca. Además de su cargo en la Oncca, la directora de Aduana –Silvina Tirabassi– fue nombrada por sugerencia suya, y la reciente movilidad de nombres en la AFIP también lo benefició. El reemplazo en la titularidad de la DGI, Angel Toninelli por Horacio Castagnola, disimuló otro nombramiento clave: el de Carlos Sánchez, ex mano derecha de Echegaray en la Aduana, como número dos de la DGI. “Con Ricardo en la Oncca, Silvina en Aduana y Carlos en la DGI; haremos un trabajo de inteligencia conjunto y las cosas saldrán más rápido”, confió una fuente con acceso a esos tres funcionarios.

Con ese esquema, y Claudio Moroni –titular de la Afip– adaptado a los nuevos tiempos políticos, el Gobierno puede atacar de lleno y velozmente la evasión y elusión fiscal de toda la cadena agrícola. “Por más decisión política que exista, si las segundas líneas no trabajan es difícil avanzar. Esa situación no existe más”, comentó una de las fuentes consultadas. Como ejemplo de esta nueva tendencia, en la Oncca señalan la diferencia superior a u$s 2.400 millones detectada en pocas semanas.

La otra jugada que se guarda Echegaray es la modificación de la Ley 21.453, que regula la exportación de productos agrícolas y fue promulgada durante la última dictadura militar. “La ofensiva apunta al artículo sexto, en el cual se permite aplicar los criterios impositivos a la fecha de cierre de cada venta”, anticipó este diario el 25 de julio. La propuesta de la Oncca es cambiar el criterio, y que se pague la retención al momento de exportar o declarar la venta.

Por Lucio Di Matteo.

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