Avanzan en Congreso proyectos con un costo fiscal de $ 32.000 millones

La derrota del oficialismo en las últimas elecciones desató una ola de reclamos y presentaciones de proyectos de ley por parte de la oposición que –más allá de los atendibles argumentos de cada caso– en conjunto amenazan con poner en riesgo la solvencia fiscal del Gobierno. Si bien esta movida es un clásico post-comicios, las iniciativas en curso cobran relevancia por su monto. Sumando las propuestas más significativas podrían se arriman a un costo fiscal de $ 32.000 millones, cifra equivalente al superávit primario que obtiene el país durante un año.

Más aun: estos proyectos podrían comenzar a hacerse efectivos a partir del 10 de diciembre próximo, cuando el Kirchnerismo pierda la mayoría y el quórum propio en el Congreso.

Según un estudio realizado por la consultora RSH Macroeconómica, “la tendencia al deterioro fiscal podría acentuarse en un contexto en el cual en el Congreso están avanzando proyectos que pueden tener un costo fiscal importante”.

Entre las posibles medidas que destaca el informe se encuentran la reducción de la alicuota de las retenciones al 20% y la eliminación del gravamen en el trigo, maíz, carne y otros productos primarios. El potencial costo fiscal de estos cambios serían unos $ 14.500 millones, según estimó RSH.

Otro proyecto en danza es el aumento del porcentaje de coparticipación del impuesto al cheque, que actualmente es del 30%. Ello implicaría al Gobierno resignar unos $ 5.900 millones anuales, que se sumarían a los $ 4.000 millones que tendría como costo fiscal una reducción del IVA para los alimentos que integran la canasta básica, tal como reclaman varios sectores de la oposición.

Por su parte, el Estudio Bein & Asociados analizó en un informe emitido ayer el nuevo escenario que podría abrirse en el Congreso a partir de la renovación de bancas. En particular si el oficialismo relega las denominadas “facultades delegadas”. “Una eventual caída de las delegaciones del Congreso al Poder Ejecutivo –que entraría a regir el próximo 24 de agosto y que enmarcaría entre otros aspectos la discusión sobre la capacidad de fijar alícuotas al comercio, la renovación del impuesto al cheque y la coparticipación de ambos– abre nuevamente el debate sobre las alicuotas de las retenciones en un contexto de debilidad política y mayor restricción presupuestaria”, indicó Bein.

Desaceleración

En lo que va del año la recaudación tributaria muestra una marcada desaceleración, producto del enfriamiento en el nivel de actividad. Para fondearse y cerrar el programa financiero el Gobierno recurrió (además del superávit) a los excedentes de otros organismos públicos como ANSeS o el Banco Nación.

Pero a diferencia de otros países –que para realizar política anticíclica salieron al mercado internacional a tomar deuda– la Argentina tiene vedada esta posibilidad debido a los potenciales embargos de acreedores y el alto costo (tasa) que debería pagar, como consecuencia de la deuda en default que mantiene con los holdouts y el Club de París.

Por Juan Cerruti.