Ocho días sin envíos de hacienda

La dirigencia del sector empresarial agropecuario convocó a un cese de la comercialización de granos con destino a industria y exportación y ganado en pie por ocho días, a partir del viernes, ante lo que consideró ausencia de respuestas a sus demandas por parte del Gobierno nacional.

El detonante del lockout, sin embargo, fue el veto de la presidenta Cristina Fernández al artículo de la Ley de Emergencia Agropecuaria que incluía la suspensión o la reducción temporaria del pago de derechos de exportación (retenciones) a productores de 37 municipios bonaerenses.

El cese de la comercialización, que se extenderá desde el próximo viernes hasta el sábado 4 de setiembre, y que no incluirá a los productos perecederos, lo decidió la dirigencia de la Mesa de Enlace que reúne a la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

Al término de una reunión, el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, dijo que el cese comercial se resolvió porque “no hubo respuestas” del Gobierno a ninguno de los planteos realizados desde la reunión que tuvieron el 31 de julio con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

También admitió que el detonante del paro comercial –el octavo desde marzo de 2008 tras el anuncio de la resolución 125 de retenciones móviles– fue el veto parcial del Ejecutivo sobre el último paquete legislativo sobre emergencia agropecuaria: “Habría ayudado a distender el clima. Fue la gota que rebalsó el vaso”, señaló.

Si bien Garetto dijo que son “comprensibles” los cortes de ruta por parte de los productores, la posición de la Mesa es contraria a esa metodología. “No los apoyamos”, dijo Mario Llambías (CRA). Hugo Biolcati (SRA), a su vez, descartó que el paro pueda provocar desabastecimiento.

La dosis política que también tiene la medida terminó por admitirla el diputado nacional electo y vicepresidente de la FAA, Pablo Orsolini. Consultado sobre el supuesto riesgo que conlleva para la gobernabilidad, sostuvo que 70 por ciento del electorado “no está de acuerdo con esta forma de hacer política” del Gobierno nacional, y aseguró: “No pondremos piedras en el camino del Poder Ejecutivo, pero pedimos respeto por la división de poderes”, dijo Orsolini; esto último en referencia a la reciente prórroga de las facultades legislativas delegadas a la Rosada, que incluyen los derechos de exportación.

Alcances del veto. El veto que se publicó ayer en el Boletín Oficial estuvo limitado al artículo 4º de la emergencia bonaerense, pese a que el jefe de Gabinete había dicho el lunes que el rechazo sería “total”. De este modo quedaron excluidos de los beneficios de suspensión o disminución de retenciones por 180 días los productores de 37 municipios bonaerenses declarados en desastre o emergencia agropecuaria.

Los originales fundamentos del veto fueron desde una supuesta inconsistencia técnica, la inclusión de esas excepciones “por error” y la “bajeza política” de la oposición que no habría respetado “acuerdos parlamentarios”, hasta la posibilidad de que esos beneficios dieran pie a maniobras elusivas: productores de otros municipios podrían declarar que su producción procedía de los 37 beneficiados. Hasta citó, en ese sentido, una declaración del vice de CRA, Néstor Roulet: “Si les bajan las retenciones a los distritos de la provincia (de Buenos Aires), vendemos todo por ahí y listo”, habría dicho el cordobés, según publicó el diario Página 12.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó de que se vaya elevar a 45 por ciento las retenciones a la soja, y sostuvo que sólo son “trascendidos”.

En Córdoba, habrá presencia en las ruta