Economía estudia mantener abierta la oferta para los que no ingresen al nuevo canje

Cerrada la operación, depositarían los nuevos bonos en una cuenta a favor de los acreedores que no aceptaron la oferta. Éstos podrían canjear sus títulos después de concluido el plazo. Buscan que pierda peso el argumento legal contra el país.

04deNoviembrede2009a las07:47

Amado Boudou está puliendo algunas estrategias para que los litigios contra el país en la era post canje sean los menos posibles. El ministro sabe que hay una parte no despreciable de bonistas que le bajará el pulgar a la nueva oferta que aún se negocia con los bancos asesores (Citi, Deutsche y Barclays). Por eso, el Ministerio de Economía está estudiando –una vez cerrada la operación– depositarle a quienes rechazaron el canje los nuevos títulos en una cuenta radicada en la Argentina para evitar embargos. Se busca así un efecto parecido a lo que sucede con el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE): que pierda atractivo quedarse afuera de la operación ya que la disponibilidad de reingresar y canjear las tenencias se mantienen intactas. Esto hace que si parte importante de los acreedores acepta la oferta, quienes se hayan quedado al margen tengan menos argumentos ganar demandas en la esfera judicial. “Eventualmente, no tendrían otra opción que aceptarla”, dijo en ex negociador de la deuda argentina.

Boudou piensa que haciendo esto puede dar por concluida la historia del default argentino ya que los bonistas díscolos tendrían la posibilidad de tomar la oferta luego de que la operación haya terminado. Además, se demuestra “buena fe negociadora” ante los tribunales internacionales (principalmente el juez neoyorquino Thomas Griesa). Esto, sumado a que aquellos que acepten la operación deberán desistir de las actuales o futuras acciones legales contra el país, va hacia un mismo camino: que después de cerrado el nuevo canje, el remanente no entorpezca la vuelta a los mercados voluntarios de deuda.

El mecanismo en estudio sería similar para aquellos que acepten la oferta. Para evitar embargos, Economía depositaría los nuevos bonos en una cuenta en la Argentina, y esos títulos se transferirán (vía una especie de fideicomiso) a los inversores del exterior (sean de EE.UU., Italia, Alemania, Japón, etc.). A su vez, estos tenedores de bonos en default entregan sus títulos impagos, que se giran a la Argentina también mediante ese vehículo financiero, y reciben los nuevos bonos en la plaza financiera donde estén ubicados.

En el Palacio de Hacienda creen que la oferta estará lista en 10 o 30 días, si bien ya presentaron parte de la documentación a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de valores de EE.UU., como el formulario “18k” donde se muestran datos macro y financieros del país. Hoy en Diputados se tratará la suspensión de la “Ley Cerrojo” para ir allanando el camino. Algunos presionan para que se lance la operación lo antes posible y así aprovechar el favorable clima financiero global. “No sirve dilatar esto porque la recuperación es aún endeble”, decía un banquero. No es un secreto para nadie quienes mantendrían sus bonos en default a pesar de la reapertura de la oferta (e independientemente si es favorable para el inversor o no). Se calcula en Economía que alrededor de u$s 4.500 millones están en manos de acreedores que tienen litigios contra el país (de un total de u$s 20.000 millones sin contar los intereses). Los fondos más recalcitrantes como Elliot Management y el del multimillonario Kenneth Dart poseen unos u$s 3.000 millones entre ambos. Se descuenta que por lo menos éstos fondos continuarán tratando de embargar bienes de la Argentina, ya que parte de su negocio es comprar bonos a muy bajo precio y –aprovechando su espalda financiera– tratar de cobrar el valor nominal vía tribunales internacionales. En la actualidad existen contra el país 135 juicios de inversores individuales y 18 class action

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