Lo que estará en debate es si el Banco Central debe ser una oficina más del Poder Ejecutivo
La comisión bicameral que tendrá que evaluar la actuación de Martín Redrado en el conflicto abierto por el uso de reservas para pagar deuda tiene un gran dilema por delante. La letra fría del pedido gubernamental le reclama un objetivo acotado: convalidar o no los argumentos que usó el Gobierno en el decreto 18/2010 para remover al presidente del Banco Central. Pero en el fondo, lo que estará en tela de juicio es hasta dónde puede actuar el responsable del organismo monetario en defensa de los principios que guían a la entidad.
Este será el debate de fondo. El Poder Ejecutivo interpretó que Redrado no cumplió con su deber al someter la creación del Fondo del Bicentenario a la obtención de garantías legales que aventaran el riesgo de un potencial embargo. De hecho, consideró que su actitud remisa se traducía en el desconocimiento de una norma dictada por el Gobierno en uso de todas sus facultades.Y que al hacerlo entorpecía la política económica y creaba una suerte de anarquía dentro del organismo.
Por eso los legisladores tendrán que interpretar si los argumentos utilizados en el decreto en cuestión son suficientes para justificar la salida de Redrado. Pero al hacerlo, también tendrán que tener en cuenta que la Carta Orgánica del BCRA dispone que la principal causa de remoción es el incumplimiento de alguna de sus disposiciones o la demostración de mala conducta.
