Con impacto en el agro: se acercan las elecciones y el Congreso apresuró el tratamiento de varios temas pendientes

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 14 de noviembre, el Congreso activó sus funciones en ambas cámaras. El sector agropecuario cosechó algunas victorias, entre ellas la prórroga de la Ley Ovina -que se encontraba vencida desde abril de este año-, la jubilación anticipada para los trabajadores viñateros y cambios en las mensualidades de los contratistas del mismo sector. Entre los temas, también se aprobó la Ley de Etiquetado y la suba del mínimo no imponible de Bienes Personales.

El trabajo en la Cámara de Diputados

Luego de un intento de sesión fallida en la que no se obtuvo el quórum necesario, oficialismo y oposición acordaron avanzar en un temario consensuado, en un encuentro que duró casi 24 horas, y sancionar con fuerza de ley varios proyectos pendientes. El tema que más tratamiento adquirió fue el de Etiquetado Frontal de Alimentos, cuyo debate se extendió por casi ocho horas y convocó a distintas organizaciones de la sociedad civil. 

Si bien contaba con media sanción de la Cámara Alta desde octubre del año pasado, su tratamiento se había demorado, pero finalmente fue aprobado por 200 votos a favor, 12 en contra y 16 abstenciones. 

Entre sus puntos clave está la instalación de sellos de advertencia de color negro en forma octogonal, que indicaran los excesos de calorías, azúcares, sodio y grasas que contengan alimentos y bebidas. Dichos productos tendrán prohibida su publicidad y promoción, y no podrán venderse en las escuelas. Las industrias tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a la ley desde su publicación en el Boletín Oficial y habrá sanciones para quienes no cumplan. 

También se discutió la tan esperada Ley Ovina, que también recibió su sanción definitiva por 182 votos a favor y dos en contra. El proyecto modifica el objetivo del Régimen, pasando de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas, y asigna una suma anual de $850 millones para su implementación, por un plazo de 10 años.