Promulgan ley que agrava penas de lavado de actividad terrorista

A través de decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, la jefa de Estado promulgó las normas aprobadas por el Congreso en sesiones extraordinarias.

Esas normas fueron criticadas por organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y figuras del derecho, como el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, sectores identificados con el oficialismo y también por otros de la oposición.

Quedaron así incorporadas dos modificaciones al Código Penal argentino para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), controlado por Estados Unidos.

La modificación del artículo 41 del Código Penal fue el punto central del debate: «Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o Gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo», señala.

En otro párrafo se estableció que las agravantes «no se aplicarán cuando el o los derechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».

Este apéndice fue incorporado por el Poder Ejecutivo en un intento de amortiguar las críticas de los sectores ligados al Gobierno, que pedían el veto al entender que podrían ser usados contra las protestas de las llamadas organizaciones sociales muchas de la cuales tienen terminal en el propio Gobierno.

Desde el Gobierno, también, se admitió que es una norma redundante, porque aparece ahora el Código Penal asegurando la protección de garantías que ya están en la Constitución, que es una norma superior a una ley.

Introducir esa redundancia fue en realidad lo que disparó las críticas de algunos oficialistas que entendieron que si aclaraba era porque algo había quedado oscuro en el proyecto original.

Esos sectores críticos, identificados con la izquierda kirchnerista, aprovecharon para hacer músculo en una minicampaña antiimperialista en la que fustigaron, como lo hizo Zaffaroni, al GAFI como una herramienta de presión de los Estados Unidos. No mejoró el debate el desliz verbal del titular de la UIF (ente antilavado del Ministerio de Justicia), José Sbatella, a quien se le ocurrió decir que esas normas no estaban pensadas para perseguir a activistas piqueteros, sino que también podrían temer por ellas sectores «del capital», como operadores financieros, incluso los medios que difundieran información aterrorizante. Del Gobierno mandaron a callar a Sbatella, cuya estabilidad en el cargo peligró durante un par de días la semana pasada.

No bastaron las aclaraciones que hicieron funcionarios, de manera informal, a esos críticos, sobre la exageración que implica presumir que en un país al que no se le han aplicado sanciones a la «protesta social» ni por daños ni por sedición, se le fueran a aplicar normas antiterrorismo. Igual siguen organizando una marcha contra la norma que desde ayer tiene vigencia legal.

Importancia

La firma de Cristina de Kirchner promulgando la norma aclaró las ambigüedades del Gobierno en este punto y el pensamiento del Ejecutivo. Lo que pocos han advertido, y destacado por su importancia, es que con esta ley el país vuelve a tener, después de décadas, una norma antiterrorista interna que no tenía por temor a darle herramientas el Estado para cometer excesos, como los que produjeron en la represión clandestina de las guerrillas. Hasta ahora, existía una norma que perseguía en el Código Penal al terrorismo extranjero, pero no l