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informe semanal de arizmendi

Buenos Aires: reciente fallo arroja luz sobre la actividad tambera

La ley 25169 ha puesto fin a la discusión desde el punto de vista legal, sobre si la relación laboral entre el dueño del tambo y el tambero era laboral o asociativa, colaborando a la seguridad jurídica.

Por Departamento Técnico Laboral de Arizmendi

  • buenos aires reciente fallo arroja luz actividad tambera
    La actividad tambera a la luz de un reciente fallo de la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires.

La actividad agraria de la explotación del tambo se encuentra regulada por la ley 25169 (BO: 12/10/1999), y está consagrada como un contrato agrario de tipo o estructura asociativa.

Este contrato supone un esfuerzo mancomunado de ambas partes para encarar la producción, traslado, distribución y venta de leche fluida de un rodeo (y las actividades anexas o conexas). Si bien el empresario-titular conserva en forma exclusiva la dirección y administración de la explotación, debiéndole proporcionar al tambero-asociado y su familia una vivienda para su uso en el predio, este último, se encarga personalmente y con autonomía (sin supervisión) de las tareas necesarias para la explotación, pudiendo incorporar su propio personal previa conformidad del empresario, así como propiciar las iniciativas técnicas y prácticas que coadyuven a su mejor funcionamiento. La producción luego es vendida a la empresa que seleccionan ambas partes (a menos que el titular garantice el pago del porcentaje correspondiente a la retribución del asociado, según artículos 1 a 9 de la ley 25169).

Así, la prestación de una de las partes es debida en función de una cooperación asociativa en el marco de una empresa agraria de ejercicio continua y finalidad productiva compartida en la que predominan -sin perderse de vista los intereses personales- verdaderas relaciones convergentes (no antagónicas), complementación de esfuerzos y cargas para la satisfacción de un objetivo común, previniendo y asumiendo ambas partes los riesgos y contingencias inherentes a la explotación, soportando los costos y las pérdidas, y distribuyendo los frutos o utilidades en relación con los aportes que cada uno ha efectuado y de acuerdo con los porcentajes acordados.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló en los autos "Álvarez, Carlos Alberto c/Estancia El Alba SA s/daños y perjuicios - incumplimiento contractual" del cual se desprenden algunos conceptos sobre la naturaleza jurídica, alcances y la duración del contrato asociativo.

A continuación la Dra. Marina Simondegui, especialista laboral de Arizmendi,  analizará los principales alcances del citado fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La citada jurisprudencia ("Álvarez, Carlos Alberto c/Estancia El Alba SA s/daños y perjuicios - incumplimiento contractual" - SCJ Bs. As. - 5/4/2017) aclara ciertos aspectos de la normativa que adolecen de precisión y fomenta la desprotección hacia el tambero-asociado, haciendo hincapié en un análisis particular en la forma en que se encuentra regulado el plazo del contrato y su interacción con las condiciones que requiere la ley para que proceda la indemnización por ruptura sin causa.

En cuanto a las cuestiones que rodearon el caso, el fallo señala que el vínculo que unió a las partes fue un contrato de naturaleza asociativa (tambero mediero) que se desarrolló en forma consecutiva y sucesiva por 16 períodos ininterrumpidos, y que fue rescindido por la sola voluntad de la demandada por el vencimiento del plazo.

La relación contractual había comenzado aproximadamente 7 años antes, pero los contratos se sucedían y renovaban por períodos breves de unos cuantos meses de duración, siendo de 3 meses en el último tiempo.

Finalizado el contrato de explotación tambera y dada la exigua duración del último contrato celebrado, al tambero-asociado no le correspondía ningún tipo de indemnización, ya que no se cumplían las condiciones dispuestas en el artículo 11, inciso b) (rescisión sin expresión de causa). No obstante, el actor inicia acción judicial por considerar que en el marco de un contrato asociativo el solo vencimiento del plazo no autorizaba al titular-empresario a rescindir el contrato sin abonar una indemnización.

La sentencia comienza aclarando que la ley 25169 califica al contrato como uno de naturaleza asociativa, lo cual genera la necesidad de examinar los contratos celebrados entre las partes en un contexto de continuidad en el tiempo, es decir en un contexto dinámico.

También, el magistrado reconoce que "existe una situación de desigualdad entre el tambero y el dueño del tambo que genera un desequilibrio negocial que debe ser atendido".

Continúa indicando que las soluciones jurídicas deben ser dadas de conformidad con el contexto fáctico que presenta el conflicto. Por su parte, aclara que el hecho de tratarse de un contrato asociativo de tipo agrario en nada altera el límite que el sistema legal impone para no vulnerar los derechos de las partes.

Por más asociativo agrario que sea, continúan rigiendo en este ámbito las bases esenciales en general de toda relación contractual. 

  • Plazo del contrato

Respecto al plazo de duración de los contratos asociativos y agrarios, se establece que esta forma contractual y la actividad reglada remiten a una relación entre las partes perdurable en el tiempo, lo que genera la expectativa cierta de la continuidad, máxime cuando en el caso no han habido causas para el distracto.

En este tipo de contratos, las expectativas de continuidad del vínculo contractual son normalmente compartidas por las partes contratantes, toda vez que se pretende evitar que la vinculación se interrumpa de una manera abrupta, previéndose la figura del preaviso a los efectos de que la parte perjudicada tenga menos dificultades para celebrar nuevos contratos y continuar su vida económica con otros contratantes.

Si bien la dinámica del contrato de explotación tambera impone su ejercicio continuo, en razón de estar asociado a la producción de frutos biológicos que se generan en forma ininterrumpida, su temporalidad no se encuentra estrechamente ligada a determinados ciclos naturales, motivo por el cual no resulta posible predicar la necesaria existencia de un plazo contractual mínimo que asegure sus fines productivos a partir de la estabilidad, racionalidad y utilidad de una explotación agropecuaria adecuada, procurando evitar los desequilibrios producto del clima, las lluvias o la calidad de las tierras.

De acuerdo con ello, es posible que al comienzo de la relación participativa, resulte esperable que los primeros contratos sean suscriptos por períodos inferiores a dos años.

En el caso bajo análisis, durante los casi siete años en los que se prolongó el vínculo entre las partes, los plazos de duración de los sucesivos contratos fueron de seis meses, cuatro meses, dos meses y -en el último tiempo- tres meses. En todos los contratos, las partes acordaron expresamente que "cualquiera de ellas podría rescindirlos anticipadamente en los casos previstos por el artículo 11 de la ley 25169, resultando aplicables las estipulaciones allí establecidas".

De esta manera, la continuada renovación de sucesivos contratos por términos tan breves importó un ejercicio abusivo de la libertad de contratación por parte del empresario, en fraude a la ley, toda vez que en los hechos se desvirtuó tanto la extensión de las obligaciones a cargo de cada parte, como su cotidiana interacción en la consecución de sus objetivos asociativos comunes.

En efecto, no se acreditaron razones que pudieran justificar la suscripción de contratos por períodos cortos. Por el contrario, mediante el recurso de acudir a dichos plazos contractuales exiguos, las previsiones legales dirigidas a reglamentar las consecuencias jurídicas de la rescisión del vínculo sin expresión de causa, carecieron de todo sentido y efecto pues tanto el preaviso como la compensación contemplados en el inciso b) del artículo 11 de la ley 25169 presuponen un término contractual más extenso que uno trimestral.

En suma, lo obrado configuró un claro supuesto de abuso de derecho y en fraude a la ley, pues mediante el recurso a una prolongada y sucesiva serie de contratos tamberos por períodos breves se contravino la finalidad de la relación asociativa (fundamento de la Ley 25169) para permitir al empresario rescindir en cualquier momento el contrato sin expresar causa y sin soportar las consecuencias jurídicas y económicas de dicha decisión.

De esta manera, el tribunal resolvió atribuir al empresario-titular una actitud fraudulenta en este sentido, ordenándose reformular los términos contractuales, resultando inoponible al accionante el término trimestral de duración del último contrato suscripto por las partes, y debiéndose acudir al plazo bienal a fin de dotar de contenido a las disposiciones normativas y convencionales reglamentarias de esta modalidad contractual y asegurar cierta estabilidad a la relación asociativa derivada, de modo coherente con su finalidad y el alcance de las prestaciones comprometidas.

  • El preaviso y su aplicación

Los sucesivos contratos firmados entre las partes por lapsos de pocos meses que se renovaban sucesivamente impiden absolutamente poner en práctica las previsiones legales del preaviso.

La ley no establece que el preaviso pueda sustituirse por lo que se deja de percibir en el caso de treinta días, ya que lo condiciona a dos factores:

  • "siempre que hubiesen transcurrido más de 6 meses de ejecución del contrato",
  • "y faltase más de un año para la finalización del mismo".

Naturalmente, en un contrato en el que se pactó una duración de tres meses, el preaviso se torna inaplicable, porque no se pueden reunir ninguna de las condiciones que subordinan su pago. 

Así, desde un punto de vista puramente lineal podría decirse que, entonces, no cabe preaviso ni compensación alguna.

No obstante, se hace un sobresalto en las características de la vinculación que hubo entre las partes, el aprovechamiento de la parte fuerte sobre la parte débil, el ejercicio abusivo del derecho mediante el ardid de imponer la suscripción reiterada de contratos por plazo mínimo que se renovaban sucesivamente. En resumen, un comportamiento contrario a la buena fe mediante el cual el empresario implementó un sistema en el que el preaviso y la compensación contemplada en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la ley 25169 pasaron a ser letra muerta o insignificante prestación.

Es por ello que, dada la inaplicación del texto legal (derecho al preaviso) por inadecuación al caso en función de la propia conducta abusiva de una de las partes, corresponde al órgano jurisdiccional determinar la manera de cubrir el vacío recurriendo a otras pautas.

Lo cierto es que en el caso concreto existe un contrato relacional y duradero donde una parte mantiene el control de la relación (la demandada) y la otra se erige como un trabajador que presta su labor encontrándose bajo las órdenes y directivas del titular del tambo.

La particular formalidad a la que se han ajustado los contratos, que parecieran clonarse durante años por períodos cortos pero renovados sucesivamente, nos advierte de una relación de tiempo indeterminado encubierta mediante una instrumentación que no tiene otro sentido que disimular la realidad.

El tribunal entonces se aleja de la idea asociativa que intenta impregnarle la legislación al contrato de la explotación tambera y lo asemeja a una relación de dependencia donde no hay igualdad basada en la autonomía de la voluntad.

En tono con el análisis de las verdaderas condiciones en que se desarrolló la relación contractual entre las partes, los magistrados concluyen que el contrato en realidad no tenía una duración de 3 meses, sino que se trataba de una relación contractual que se ha extendido desde hace siete años.

Partiendo de esa premisa, las bases para la indemnización contempladas en el citado inciso b) del artículo 11 de la ley recobran virtualidad.

Conclusión

La ley 25169 ha puesto fin a la discusión desde el punto de vista legal, sobre si la relación laboral entre el dueño del tambo y el tambero era laboral o asociativa, colaborando a la seguridad jurídica.

Sin embargo, la línea que divide este contrato asociativo del contrato laboral no es tan clara, y con el fin reafirmar su objetivo asociativo y participativo, sería conveniente efectuar ciertas adecuaciones al régimen tendientes a solucionar algunas cuestiones, tales como ampliar el espectro de la figura del tambero-asociado permitiendo que también pueda participar una persona jurídica, como así también las cuestiones del plazo del contrato y del preaviso, que conforme lo analizado motivan comportamientos que quedan empero sin protección legal.

De esta manera, el contrato reflejaría la figura asociativa de la relación negocial que ostenta, donde el empresario surge como organizador de la empresa, y el tambero comparte con el empresario-titular la organización de la empresa, enfrentando los beneficios y riesgos de la actividad, más aún si el tambero asume totalmente la organización empresaria del tambo, logrando que ambas partes del contrato estén en igualdad de condiciones y ninguna de ellas se vea más debilitada frente a la otra. Así, puede considerarse que estamos frente a una figura asociativa que escapa a la regulación laboral.

Por otro lado, cuando no se cumpla con los lineamientos de la ley de explotación tambera, estará siempre latente la aplicación del derecho laboral, el cual se utiliza en toda relación donde una persona (empresario/a) organiza por sí misma y en forma exclusiva la empresa, y otra persona (trabajador/a) se incorpora a esa organización prestando su trabajo, aceptando la organización y dirección del empresario, cobrando un precio en dinero con ajenidad a los riesgos que asume su empleador.

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