Buenas y malas para el campo en la Ley de Solidaridad y Reactivacion Productiva

El balance no resulta favorable a la cadena agroindustrial, con medidas que principalmente se centran en incrementar la presión fiscal.

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Impacto de la Ley en el sector agropecuario.

Impacto de la Ley en el sector agropecuario.

29deEnerode2020a las09:41

La Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, contiene una serie de medidas de alto impacto en la economía del país.

Particularmente, en el sector agropecuario hay situaciones que afectan no solo a la campaña en desarrollo, sino que modifica los cálculos de cara a la próxima siembra.

Medidas más favorables

Entre las "buenas noticias" o medidas más favorables -que aplican en forma genérica a todos los sectores de la economía, incluido el agropecuario-, encontramos:

Moratoria fiscal

Resulta un paliativo importante para aquellas empresas, productores, acopiadores, etc. que por razones coyunturales no pudieron cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones vencidas al 30/11/19, inclusive si a la fecha de la ley ya tuvieran en curso algún reclamo administrativo o judicial, los cuales se beneficiarán con la condonación de multas e intereses. Como complemento era necesario que se extienda el plazo de suspensión de la traba de medidas cautelares –embargos en cuentas bancarias-, al menos hasta el vencimiento para la presentación de la adhesión al presente régimen de regularización (30/04/20). Dicha suspensión se efectivizó hasta el 31/03/20 a través de la RG 4655/19.

Para acceder a la moratoria será necesario la categorización como MiPyME y contar con el certificado extendido por la SEyPyME. Quienes no lo posean, podrán adherir condicionalmente al régimen de regularización, siempre que su tramitación y obtención, ocurran a más tardar el 30/04/20.

El alivio viene dado por la posibilidad de regularizar deudas por obligaciones impositivas, seguridad social y aduanera, a través de un plan de pagos de 60 cuotas (para retenciones, percepciones y deudas de la seguridad social) o hasta 120 cuotas (restantes obligaciones).

Otro aspecto favorable es que se podrán refinanciar planes de pago vigentes y caducos.

Trabajadores Autónomos

La moratoria es una muy buena oportunidad para quienes que se atrasaron con sus obligaciones generando deuda por el régimen de trabajadores autónomos, pudiendo regularizar su situación con condonación del 100% de los intereses adeudados.

Empleadores

La Ley 27430 del año 2017 preveía una convergencia progresiva de las contribuciones patronales a una alícuota de 19,50% a partir del año 2022, partiendo de la distinción que hacia el Decreto 814/01 entre empresas de servicios y restantes. Con la Ley 27541, queda congelada la situación prevista en esa norma hasta el 31/12/19, equiparando el alcance de los servicios al comercio. En otras palabras, las contribuciones patronales para los productores agropecuarios continuarán al 18%, no resultando aplicables los incrementos que se encontraban previstos: del 0,5% para el año 2020, del 1% para el año 2021 y del 1,5% para el año 2022.

Queda fijo el cómputo de las contribuciones patronales abonadas como pago a cuenta del IVA en los porcentajes previstos para el año 2019. Recordemos que la Ley 27430 planteaba un esquema de reducción gradual de dicho pago a cuenta hasta su desaparición en 2022. 

Se mantiene inalterable la disminución de base imponible para el cálculo de contribuciones patronales de los empleadores pertenecientes al sector primario agrícola e industrial, que podrán computar $17.509,20 en forma íntegra por cada trabajador tratándose de actividades comprendidas en el Decreto 128/19. Sin embargo, se dispone que dicha suma no tendrá actualización por lo que la inflación hará su trabajo y el beneficio se irá diluyendo con el transcurrir del tiempo.

Para las restantes actividades, la referida detracción queda fija en $7.003,68 por cada trabajador. Aquí quedan incluidas las contrataciones que se realicen bajo el Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26727).

Por último, se reconoce una deducción adicional de $ 10.000.- sobre la base de cálculo de las contribuciones para empleadores Pymes de hasta 25 empleados. 

Medidas desfavorables

Por el lado de las “malas noticias”, o medidas desfavorables, desde el punto de vista de la actividad que nos ocupa, encontramos las siguientes:

Derechos de exportación

Los derechos del 30% para la soja y sus derivados y 12% para cereales, alteran la cadena de precios agrícolas. Con una campaña 2019/20 en pleno desarrollo que se encuentra inesperadamente con este “impuesto”, los productores verán sumamente comprometidas sus recortadas rentabilidades lo que repercutirá en forma negativa en la inversión para la siguiente campaña.

Ello resulta más grave aún para los productores de regiones alejadas de los puertos que sufren en mayor medida el peso de los costos logísticos. Productores y entidades del norte argentino ya se han hecho sentir con masivas convocatorias que se manifiestan en rechazo de la alta presión tributaria, reclamando un acompañamiento del Estado en el sacrificio solidario.  

De cara a la campaña 2020/21, el nuevo escenario obliga al replanteo de los planes de siembra, a la revisión de las estrategias de financiación e inversión y a la renegociación de contratos, todo ello en medio de un contexto de vulnerabilidad producto de precios internacionales en los niveles más bajos desde el año 2017 y condiciones climáticas que se pronostican adversas. 

La Ley 27541 habilita al Poder Ejecutivo a aumentar el esquema vigente de derechos de exportación (fijado por Decreto 37/2019), llevando el tope máximo al 33% para el complejo sojero y al 15% para los restantes productos, principalmente granos y carnes.

Parece realizarse un guiño a las economías regionales (olvidadas en el proyecto original) al fijarse una alícuota máxima del 5%. No obstante, resta la reglamentación que especifique cuáles serán los productos agroindustriales a los que se les aplicará este tope máximo. 

Al mismo tiempo, se reclama la urgente reglamentación del art. 53 de dicha ley que promete mecanismos de segmentación y estímulos a pequeños productores y cooperativas, a ser consensuados con las entidades que los nuclean. En principio, y según la reunión entre el Presidente y la Mesa de Enlace, adoptarían la forma de reintegros (que nos remiten a las incidencias de la devolución automática del 7% del IVA retenido). 

El incremento de los derechos no será aplicable a distritos declarados en emergencia agropecuaria. Queda planteada la inquietud respecto de su instrumentación puesto que el productor es quien padece la emergencia, en tanto que el derecho de exportación recae sobre el exportador (que a su vez traslada el costo al productor ajustando el precio de los granos). A priori no parece algo sencillo de poner en práctica, ello al menos sin una intervención de AFIP y los antecedentes indican que de ser así el supuesto recupero podría no ser tan expeditivo.

Impuesto P.A.I.S

Nos encontramos con un impuesto del 30% sobre las operaciones en dólares previsto básicamente para compras con tarjetas o atesoramiento.

Si bien la medida tiende a mantener la estabilidad cambiaria y preservar las reservas, su aparición coloca a la divisa en un nuevo escalón que abarca la generalidad de las transacciones. El comercio no debería sufrir alteraciones en sus ecuaciones, sin embargo, se recalculan los valores considerando este tributo.

Particularmente los granos toman como referencia para sus cotizaciones el valor de la moneda americana de igual modo que los insumos y arrendamientos. En este sentido, es esperable un reacomodamiento de variables y negociaciones o renegociaciones contractuales.

Recientemente, a través de la RG 4659 la AFIP dispuso que no estarán sujetas al 30% “las operaciones con destino específico vinculadas al pago de obligaciones”, conforme las pautas establecidas por el BCRA. Sería deseable que dicha autoridad monetaria disponga en forma concreta el alcance de dicha exclusión y como deberá acreditarse ante las entidades financieras.

Un párrafo aparte merece la situación de deudas contraídas en moneda extranjera. Al respecto, la Comunicación “A” (BCRA) 6770 del 1/9/19, dispuso la prohibición de acceder al mercado de cambios para el pago de obligaciones en moneda extranjera entre residentes, concertadas a partir de su fecha. En tanto que queda habilitado dicho acceso para aquellas obligaciones que hubieran sido instrumentadas mediante registros o escrituras públicas al 31/8/19. 

Impuesto a las Ganancias

Con el esquema previsto por la Ley 27430 las sociedades tendrán una reducción de la tasa del impuesto para el 2020 fijándose en el 25%. La nueva ley que nos ocupa suspende dicha rebaja y mantiene la tasa vigente en el 2019 del 30%. Ello ocasiona que se vea afectada la rentabilidad y flujo de fondos para aquellas proyecciones que consideraron para sus cálculos el 25% que se preveía hasta hace pocos días atrás.

Otro aspecto importante se relaciona con el ajuste por inflación impositivo el cual pasa a ser computable en 6 ejercicios, en lugar de los 3 que ya preveía la LIG. Habrá ganadores y perdedores producto de esta extensión en el plazo de cómputo según el signo del ajuste en la declaración jurada (ganancia o pérdida impositiva), dado que no se prevé actualización de la porción del resultado que se difiere. 

Durante el año 2019 ha sido dispar la aplicación de ajuste por inflación impositivo, ya que algunas empresas debieron practicarlo y otras no, dependiendo del mes cierre de sus balances y que la variación porcentual en el IPC alcance el umbral del 55%. En efecto, solo aquellas sociedades con cierres abril, mayo y junio 2019 han podido aplicarlo. En tanto que sociedades con cierres diciembre 2019, podrán aplicarlo puesto que queda superado ampliamente el umbral del 30% de inflación acumulada requerido para tales ejercicios. 

Bienes Personales

La nueva reforma establece una escala progresiva del impuesto incrementando la alícuota máxima al 1,25%, con la salvedad de bienes situados en el exterior caso en que dicha tasa máxima llega al 2,25%. Si nos remitimos al Sinceramiento Fiscal del 2016, la voluntad de exteriorizar bienes funcionó como solución, pero a la vez dejó sentado un nuevo punto de partida para la tributación sobre dichos bienes. Este efecto no se da con los inmuebles rurales cuya titularidad pertenezcan a personas humanas, los cuales recordamos mantienen la exención en el gravamen. No así con otro tipo de inmuebles en el país o mejoras que hubiesen sido exteriorizados, los cuales tendrán un impacto significativo ya que los importes de referencia para aquellos que ingresaron al blanqueo fiscal fueron a “valores de mercado”. Para rescatar algún aspecto favorable, podemos decir que al menos dichos bienes quedaron valorizados en relación a un dólar pre-devaluaciones.

Por el lado de las empresas, se duplica la alícuota del impuesto que deben ingresar en carácter de responsables sustitutos de las personas que las integran, volviendo a la antigua alícuota del 0,5% sobre el Patrimonio Neto de balances que se ajustan por inflación, por lo que el impacto del impuesto resulta sobre una base de cálculo ajustada.

Conclusión de impacto

En definitiva, el balance entre buenas y malas no resulta favorable a la cadena agroindustrial. Es notable la ausencia de políticas de estímulo para las actividades vinculadas a la producción agropecuaria siendo que poseen un impacto muy significativo en las economías de cada región, son mano de obra intensiva, uno de los principales motores de nuestra economía y generadoras de divisas genuinas para del país.

Con recetas como las que comentamos que principalmente se centran en incrementar la presión fiscal, se teme por una importante caída de la producción agropecuaria y una disminución de las inversiones, un resultado contraproducente para un país que necesita imperiosamente salir adelante.

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