Amparos: llegó el turno del campo
Se trata de un reclamo que rechazó el Ministerio de Economía y que tiene una incidencia importante en la recaudación impositiva.
Los jueces del fuero federal en lo Contencioso Administrativo están empezando a analizar la situación y todavía no se han expedido. Concretamente, los pedidos tienden a que se le ordene a la Dirección General Impositiva (DGI) que permita realizar el ajuste por inflación en las declaraciones juradas, con el argumento de que las subas en las ganancias del campo —que repercuten en mayores obligaciones tributarias— son ficticias. De esa manera, los reclamos judiciales sostienen que los impuestos son confiscatorios y violan la Constitución.
El fuero Contencioso Administrativo de la Capital, que tiene 12 jueces, resultó este año abrumado por una cantidad récord de expedientes: superaron los 180.000, de los cuales más de 150 mil fueron reclamos de ahorristas atrapados en el corralito. Ahora el ajuste por inflación se perfila como uno de los temas importantes de los meses que vienen y su evolución judicial seguramente será seguida de cerca por Economía.
Las presentaciones tienen la forma de acciones de amparo y, en los casos de los productores que están a punto de ser ejecutados por la DGI debido a deudas impositivas, se agregan pedidos a la Justicia de medidas cautelares que frenen los trámites hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo: esto es, si finalmente se va a aplicar o no el ajuste por inflación.
De todas maneras, la cuestión seguramente tendrá un largo camino judicial, que pasará de los jueces de primera instancia a la Cámara, y no tendrá una solución definitiva hasta bien entrado el año próximo.
Como forma de compensar la negativa a autorizar la aplicación del ajuste por inflación, Economía dispuso este año una rebaja del 35% al 30% de la tasa del Impuesto a las Ganancias para sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Sin embargo, en el campo dicen que eso no es suficiente y que el aumento nominal que se produjo en sus ganancias por la devaluación del peso les generó una carga impositiva excesiva, que ahora será revisada por la Justicia.
