Acuerdo judicial Fricop-Lebed cierra una puja por la Hilton

El convenio liberó a ambos funcionarios de la sanción o multa de 2.500 de dólares diarios por el período de incumplimiento de la entrega de la cuota Hilton, y permite al frigorífico "asegurar las fuentes de trabajo al despejar posibles sanciones de la Unión Europea".

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11deJuliode2003a las13:28

La Justicia federal homologó finalmente el acuerdo entre el frigorífico Fricop y el ex ministro de la Producción (y actual del Interior), Aníbal Fernández, y el ex secretario de Agricultura, Haroldo Lebed respecto al litigio que sostenían en torno a la cuota Hilton. Así lo informó ayer el abogado rosarino Miguel Garay, representante de los funcionarios nacionales.

El convenio liberó a ambos funcionarios de la sanción o multa de 2.500 de dólares diarios por el período de incumplimiento de la entrega de la cuota Hilton, y permite al frigorífico "asegurar las fuentes de trabajo al despejar posibles sanciones de la Unión Europea".

Fernández y Lebed habían sido denunciados ante la Fiscalía Federal por la presunta comisión del delito de desobediencia al no cumplir con la cautelar ordenada en el recurso de amparo interpuesto por el Fricop.

"El Estado y los funcionarios a mi criterio hasta allí (el momento en que fueron sancionados a pagar la multa) habían sido mal defendidos, ya que ni Fernández ni Lebed incumplían no por no querer sino porque no podían: les resultó materialmente imposible garantizar la entrega de la cuota al mercado europeo", explicó Garay.

El letrado señaló que "la desobediencia devenía abstracta, era claro, pero el argumento no había sido utilizado hasta allí por la defensa: eran cuotas que las había prestado el Swift a Fricop, que no poseían la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de la Producción".

El litigio entre el frigorífico local y los funcionarios nacionales arrancó a fines del año pasado en los Tribunales federales de Rosario, y después de numerosas idas y vueltas culminó esta semana con la homologación del acuerdo en la Justicia.

Garay, quien se hizo cargo de la defensa tras la intervención del ex presidente Eduardo Duhalde, consideró que el acuerdo destrabó las posibilidades de que la firma (que tiene su planta en la zona sur de Rosario) pueda desempeñar sus actividades normalmente, y resaltó que la homologación "evitó la prolongación de un conflicto con evidentes connotaciones sociales".

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