Fertilizar el suelo argentino debe ser una política de Estado
Hemos presentado un proyecto de ley denominado Programa de Promoción del Uso de Fertilizantes - Produfe, cuya filosofía consiste en preservar los suelos respetando las decisiones de siembra de los productores.
PorEscuchamos, frente a la masiva siembra de soja y el avance de la frontera agrícola hacia suelos marginales, alertas sobre los riesgos del monocultivo.
Muchas de estas expresiones sostienen que “el Estado debería hacer algo” para orientar la siembra o detener el avance de la agricultura hacia regiones con suelos débiles.
Sin embargo, nos resulta difícil aceptar que el Estado pueda tener un rol protagónico al momento de decidir qué cultivo es correcto. Ya sabemos dónde termina la economía cuando el gobierno interfiere más de la cuenta en las decisiones libres de los ciudadanos y los productores.
No hay cultivos “políticamente correctos” versus cultivos “políticamente incorrectos”: existe una favorable coyuntura internacional que el sector agropecuario aprovecha con mayor producción y ampliación de sus horizontes tecnológicos y geográficos. Frente a esta realidad, creemos que es necesario cambiar el paradigma de análisis y preguntarnos qué podemos hacer para que los productores continúen trabajando eficientemente y, a un tiempo, preservando y conservando la estructura de suelos del país.
En este entendimiento hemos presentado un proyecto de ley denominado Programa de Promoción del Uso de Fertilizantes - Produfe, cuya filosofía consiste en preservar los suelos respetando las decisiones de siembra de los productores. ¿Cómo opera este proyecto? Básicamente con dos instrumentos de política pública: el primero, descuentos de impuestos para aquellos agricultores que fertilicen sus campos; el segundo, aranceles cero para la importación de aquellos fertilizantes que no se elaboran en el país y cuyo déficit en los suelos argentinos es perceptible. El primer instrumento es sencillo: proponemos tomar el 100% del IVA contenido en la compra de fertilizantes para aplicarlo al pago del Impuesto de las Ganancias, con lo cual, los fertilizantes tendrían una sustancial reducción en su precio; asimismo, con el instrumento de “aranceles cero” procuramos la reducción de los precios internos de aquellos fertilizantes que, como el fósforo, deban ser necesariamente importados para su aplicación en los suelos argentinos. ¿El costo fiscal de estas medidas? Ninguno. Estudios del INTA demuestran que, por ejemplo, si en maíz y trigo se aplicaran 50 kg más de urea por hectárea, la producción se incrementaría en 3,2 M de t anuales, que representarían ingresos adicionales por exportaciones por u$s 350 M anuales, diluyendo cualquier sacrificio fiscal que podría realizar el Estado.
El campo demostró ser el sector más exitoso de la economía nacional, que –lejos de requerir subsidios– contribuye a la economía argentina con cuantiosos recursos que sirven para mantener la paz social y apuntalar el superávit fiscal que tanto enorgullece al ministro Lavagna. Ya es momento de que el gobierno devuelva al campo algo de lo mucho que el sector le aporta. Y también para que el tema de fertilización de suelos pase a ser considerado como una verdadera política de Estado, vital para los intereses nacionales de largo plazo.
