Prorrogan la última alícuota del Inmobiliario Rural 2004
El nuevo vencimiento será el 21 de febrero.
Se acordó la conformación de una comisión especial que analizará eventuales modificaciones en la política impositiva de la provincia. La emisión de 72 millones de pesos se mantiene a pesar de la oposición del campo. Los productores siguen en estado de alerta y movilización.
El reinicio del diálogo y la postergación del vencimiento de la cuarta alícuota del Impuesto Inmobiliario Rural 2004 para el 21 de febrero próximo fueron los resultados más salientes —en rigor, los únicos dos— del encuentro que mantuvieron ayer, en la Casa Gris, el Gobierno y los productores agropecuarios. En lo medular, sin embargo, no hubo avances, pues ambas partes mantuvieron sus posiciones.
Durante la reunión desarrollada en el Salón de los Gobernadores—que duró exactamente 110 minutos— se acordó, además, que se realizarán nuevos encuentros para seguir con el análisis de un tema que despertó la ira de los chacareros.
Durante estos 39 días de prórroga, entonces, se estudiarán las medidas a seguir para reformar la Ley Impositiva y el Código Fiscal provinciales, propuesta que será realizada por una comisión especial en la que estarán representados todos los sectores involucrados y los bloques de ambas Cámaras del Partido Justicialista y el Nuevo Espacio.
El Gobierno, en concreto, sólo concedió una prórroga en el pago del gravamen, pero se mantuvo firme en su decisión de mantener vigentes la Ley 8.672, a través de la cual se fijan los avalúos de las parcelas rurales, y el Decreto 6.343, que establece una emisión de los 72 millones de pesos en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural.
Emisión polemica. La reanudación del diálogo entre el Ejecutivo y el campo, interrumpido cuando el gobernador Jorge Busti estampó su firma en el Decreto 6.343, fue bien recibida por ambas partes. Los productores dijeron que era “positiva” y “saludable”, pero saben que lo logrado en la reunión de ayer es poco, muy poco, pues ellos exigían que la emisión del gravamen se retrotrajera al Decreto 829, de marzo de 2004, algo que el Gobierno no está dispuesto a discutir. Pese a esta intransigencia de la Administración Busti, para los chacareros el tema no está cerrado y volverán a la carga cuando se realice la primera reunión de la comisión especial.
Un dirigente agrario, al evaluar el encuentro, fue claro: “El campo valora la prórroga del vencimiento de la alícuota y las medidas de aliento hacia el segmento de los pequeños y medianos productores, pero cuestiona la falta de voluntad del Gobierno de asumir los errores cometidos en 2004”.
El secretario de la Producción, Daniel Welschen, a su turno, dijo que el Gobierno “mantuvo la posición de mantener la emisión de 72 millones de pesos”, porque volver a la emisión de 56 millones de pesos como lo exigen los productores, “sería desconocer la vigencia de la Ley 8.672”. Esos 72 millones, remarcó el funcionario, “es el mínimo que nos estableció la aplicación de la ley vigente, con toda su metodología de cálculo”.
De todas formas, agregó, “se acordó prorrogar el vencimiento al 21 de febrero y, en ese interín, producir una modificación —para lo cual hay acuerdo en los bloques del PJ y el Nuevo Espacio— y otorgar una serie de beneficios para los pequeños productores que viven de una explotación agropecuaria” con el objeto de atenuar el impacto del incremento tributario. Hay acuerdo, además, “en aumentar la progresividad de las alícuotas del 1,7 %, al 2,3 %, y para los pequeños y medianos productores achicarla del 1,2 % al 0,9 %. Esto será tema de trabajo de la Legislatura para los próximos meses, pero existe voluntad política“ para alcanzar consenso, señaló Welschen.
El secretario de la Producción se mostró optimista y consideró que “si en la comisión hay acuerdo, la ley saldrá rápidam
