Por desigualdades con Brasil, Lavagna busca proteger algunos productos.

Sería en el caso de sectores dañados por importaciones masivas. La idea es darles un plazo de hasta 4 años para que puedan reestructurarse.

Bien ambiciosa, acaso por eso mismo difícil de aceptar, es la propuesta que la Argentina le acaba de hacer a Brasil para zanjar conflictos comerciales. La médula es un sistema de protección de tres años, prorrogable por uno más, para los sectores que sean afectados por la invasión de productos del otro país. Es un estatuto de 12 carrillas, con 21 artículos y un anexo. Fue elaborado en Economía —se dice que redactado por el propio ministro—, y se lo llama "Cláusula de Adaptación Competitiva".

Prevé la creación de un comité de monitoreo del intercambio bilateral, así como de sendos organismos —uno en cada país— encargados de recibir las denuncias privadas. La investigación para determinar si efectivamente existe perjuicio, o amenaza de él, a una producción nacional no podría superar 60 días.

Se tomaría como referencia la evolución del comercio sectorial de los cinco años previos a la denuncia. Y si se comprueba daño, se obstaculizará el ingreso al otro mercado aplicándole el mismo arancel que rige para los bienes de fuera del Mercosur, el Arancel Externo Común (AEC): una tasa que rebasa 20% en vez del 0% que rige para el comercio intramercosur.

Es probable que la variante del AEC no sea un punto que los brasileños resistan demasiado. Al fin y al cabo, tal vez resulte más benigna que los cupos de importación, pues en muchos casos éstos implican que los bienes que Brasil no ingresa son reemplazados por los de otros países. Correrían, además, con la ventaja de un menor costo del flete por la proximidad de los mercados.

Lo que seguramente será menos digerible para Brasilia son los tres años —prorrogables por otro más si se comprueba que el problema subsiste— durante los cuales regiría la medida. Es una posibilidad que los propios negociadores argentinos admiten.

El plazo de cuatro años que propone Roberto Lavagna apunta a un objetivo clave, originado en la desigual estructura industrial de los dos países. Serviría para que el sector afectado se reestructure o para permitir algún tipo de alianza o complementación con su competidor. Un punto adicional es quién cargará con los costos de esa reconversión: la Argentina propone que sean compartidos y Brasil, que los asuma el país del sector perjudicado.

Datos del ex secretario de Industria Dante Sica ilustran sobre la dimensión de las desproporciones que preocupan a Lavagna:

El PBI industrial brasileño es casi cinco veces más grande.

En el sector textil, indumentaria y calzado, eje de peleas comerciales permanentes, la diferencia es de 5,2 veces.

En maquinaria y aparatos eléctricos, otro sector conflictivo, la brecha resulta aún más notable: la producción brasileña es 12,8 veces mayor a la argentina.

Entre 2001 y 2003 la inversión extranjera en la industria brasileña fue de 19.000 millones de dólares. En la argentina, de apenas 2.266 millones.

Semejantes disparidades son fruto de políticas industriales presentes en Brasil y ausentes en la Argentina, del costo y el acceso al financiamiento o de generalizados subsidios brasileños a la inversión. Y, desde luego, el diferencial implícito en la magnitud de los mercados. La combinación de estos factores se traduce en notorias diferencias de productividad y competitividad. No es pura casualidad que sólo en los últimos tres años Brasil haya acumulado un superávit de US$ 10.260 millones en el comercio de manufacturas industriales con la Argentina. Tampoco, que sectores que acá se busca proteger —textiles, cocinas, lavarropas, TV color y calzado— sean los mismos que en 1994 habían sido declarados "sensibles", o sea, hace once años.