Presionan a los productores a completar el Censo Agropecuario

Una disposición incluida en el decreto que puso en marcha el Censo Nacional Agropecuario de 2008 quedó sembrada como factor de un nuevo cortocircuito entre el Gobierno y el campo. La norma establecía que, una vez completado el relevamiento, se le iba a exigir a todos los productores un certificado de cumplimiento para realizar trámites tanto ante organismos públicos como en entidades financieras. El censo, iniciado en medio del conflicto por las retenciones móviles, fue polémico y muchos ruralistas optaron por no participar. Por eso cuando un mes atrás el Banco Central dispuso hacer cumplir con el decreto 1764/07, los cruces por este tema se pusieron a la orden del día, esta vez con los bancos más cerca del sector agropecuario. El Gobierno aceptó flexibilizar la exigencia pero sin resignar un objetivo central: que los rebeldes informen al Indec los datos de su actividad antes de mayo de 2010.

La primera comunicación del BCRA tenía fecha del 24 de noviembre. Era breve y contundente: les recordaba a las entidades financieras que quedaban obligadas a exigir a todos los productores agropecuarios (excepto a que los que comenzaron su actividad después de enero de 2008) el Certificado de Cumplimiento Censal “como requisito previo a la conformación de cualquier trámite”.

La norma no hubiese tenido repercusión si no fuera por el hecho de que el Censo Agropecuario fue visto por los productores como un elemento extra de presión del Gobierno, en medio del conflicto por las retenciones. El Indec ya estaba inmerso en el descrédito (la influencia de Guillermo Moreno en el organismo había comenzado en enero de 2007) y por lo tanto la desconfianza sobre la confidencialidad de los datos relevados era alta. La Mesa de Enlace hasta llegó a reclamar a Sergio Massa, el jefe de Gabinete, la suspensión de todo el operativo censal, por la falta de transparencia y garantías sobre su normal desarrollo.