Presionan a los productores a completar el Censo Agropecuario

Una disposición incluida en el decreto que puso en marcha el Censo Nacional Agropecuario de 2008 quedó sembrada como factor de un nuevo cortocircuito entre el Gobierno y el campo. La norma establecía que, una vez completado el relevamiento, se le iba a exigir a todos los productores un certificado de cumplimiento para realizar trámites tanto ante organismos públicos como en entidades financieras. El censo, iniciado en medio del conflicto por las retenciones móviles, fue polémico y muchos ruralistas optaron por no participar. Por eso cuando un mes atrás el Banco Central dispuso hacer cumplir con el decreto 1764/07, los cruces por este tema se pusieron a la orden del día, esta vez con los bancos más cerca del sector agropecuario. El Gobierno aceptó flexibilizar la exigencia pero sin resignar un objetivo central: que los rebeldes informen al Indec los datos de su actividad antes de mayo de 2010.

La primera comunicación del BCRA tenía fecha del 24 de noviembre. Era breve y contundente: les recordaba a las entidades financieras que quedaban obligadas a exigir a todos los productores agropecuarios (excepto a que los que comenzaron su actividad después de enero de 2008) el Certificado de Cumplimiento Censal “como requisito previo a la conformación de cualquier trámite”.

La norma no hubiese tenido repercusión si no fuera por el hecho de que el Censo Agropecuario fue visto por los productores como un elemento extra de presión del Gobierno, en medio del conflicto por las retenciones. El Indec ya estaba inmerso en el descrédito (la influencia de Guillermo Moreno en el organismo había comenzado en enero de 2007) y por lo tanto la desconfianza sobre la confidencialidad de los datos relevados era alta. La Mesa de Enlace hasta llegó a reclamar a Sergio Massa, el jefe de Gabinete, la suspensión de todo el operativo censal, por la falta de transparencia y garantías sobre su normal desarrollo.

El propio organismo estadístico reconoció que el Censo no cumplió los objetivos. Pese a haberse extendido a lo largo de 16 meses (un dato casi para el Libro Guiness de los récords), entre el 2 de junio de 2008 y el 30 de septiembre de 2009, la superficie relevada fue menor a la registrada en 2002. Hubo 24 millones de hectáreas que quedaron sin censar, una cifra cercana al 14% del total, por ausencia de los responsables o por rechazo de los censistas.

Pese a todas estas circunstancias, el pasado 1 de noviembre comenzó a ser exigible el Certificado de Cumplimiento Censal. La reacción de los bancos no se hizo esperar, y motivó reuniones técnicas que motivaron una corrección ligera del objetivo original.

A pedido del ente estadístico, el BCRA emitió ayer la comunicación B 9717, en la que se acotaban los trámites para los cuales se iba a exigir esta documentación. En lo esencial, sin embargo, las restricciones no eran pocas. Los productores que no tuvieran el papel del Indec no iban a poder abrir cuentas bancarias, pedir o renovar créditos, iniciar créditos documentarios, solicitar fianzas y alquilar cajas de seguridad.

Negociaciones

El intercambio de opiniones entre el Indec y los bancos continuó, seguido de cerca por las entidades representativas del campo y el propio Ministerio de Agricultura, que reconoció los inconvenientes que esto podía provocar. Por eso luego de una reunión mantenida el pasado 18 de diciembre, el organismo plasmó en la Disposición 994, un conjunto de decisiones que si bien flexibilizan la situación en el corto plazo, obligarán a los productores a completar el censo dentro de los próximos cuatro meses si no quieren quedar al margen del sistema bancario.

Los bancos tendrán que consultar en un padrón online si sus clientes fueron c