Hidrovía: millones de dólares y un decreto con el sello K

“El problema de la Hidrovía no es un hecho revolucionario. El trabajo del dragado de un río como el Paraná no lo puede hacer cualquiera. Si lo quisiera hacer el Estado, tendría que hacer una inversión millonaria.  Nosotros no tenemos esas máquinas y hay muy pocas empresas en el mundo que hacen eso”. Fue Alberto Fernández, en una entrevista con un youtuber el 28 de mayo. Un mes después, el Gobierno tomó el control de la Hidrovía. Insisto. Un cepo a la incoherencia, por favor.

Esta decisión se tomo a través de un decreto y lleva la firma del Presidente de la Nación, del Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De esta manera termina la concesión que tienen con la firma belga Jan de Nul. El manejo queda en manos a la Administración General de Puertos (AGP), un organismo manejado por el kirchnerismo duro. Acá sí hay coherencia.

En paralelo, se lleva adelante un mecanismo de licitación internacional que dura entre tres y cuatro meses, dependiendo de la capacidad burocrática de la AGP. Ese proceso lo lanzó el fallecido ministro de Transporte Mario Meoni, pero tiene muy bajo grado de avance. Desde el ministerio le pidieron a las universidades públicas informes técnicos, económicos y ambientales para avanzar. No los hicieron. Cámaras del sector privado acercaron los suyos, pero para el Gobierno no son suficientes.

Un decreto con sello K

Detrás del decreto que otorgó el control de la Hidrovía a la AGP está la mano del kirchnerismo duro, representado por Fernanda Vallejos, la misma diputada que adelantó el intento de estatización de Vicentin, y por el senador Jorge Taiana, un acérrimo defensor de la “soberanía de las vías navegables“, que además  fue canciller de Cristina y se sienta en su banca del Senado desde que la expresidenta asumió como vice.

¿Soberanía o caja? El peaje que debe pagar cada uno de los buques que navegan esas aguas es de 3 US$ por tonelada de carga. Se trata de un negocio de 300 millones de dólares al año. Esa es la llave que ahora tendrá la AGP. Esta administración, además, está encabezada por el santacruceño José Beni, de perfil técnico y muy cercano al Instituto Patria. Sí, el de Cristina.

“Es un grave error que el Estado decida estatizar la administración, dragado y balizamiento de la Hidrovía. Así como es una equivocación que el Estado cobre la tarifa que pagan todos los usuarios al ingreso y egreso de la Hidrovía”, dice Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara argentina de la industria aceitera y del centro de exportadores de cereales.