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Interes general

Ley de Warrants: media sanción a la normativa que permite créditos a los productores

La Cámara del Senado aprobó este proyecto de ley que permite extender los warrants a bienes o productos de cualquier origen. Destacan que es una ayuda importante para las economías regionales.

Por Fundación Barbechando

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    Honorable Cámara de Senadores.

En la primera sesión del año, los senadores aprobaron por 48 votos afirmativos el proyecto de ley de warrants que permite el rápido financiamiento de crédito para los productores y extiende los warrants a bienes o productos de cualquier origen, incluyendo especies vivas, en proceso de elaboración o productos en tránsito. El proyecto será girado a diputados para su sanción definitiva.

Durante la sesión que estuvo centrada en el debate del proyecto de ley de financiamiento de campañas electorales, la Cámara Alta también sancionó, por 48 votos afirmativos (Cambiemos y aliados-Justicialistas-Otros bloques) y 8 votos negativos (FPV-PJ) el proyecto que modifica la ley de warrants, de 1914, que días atrás había obtenido dictamen de comisión.

El miembro informante, Silvia Elias de Perez (UCR-Tucumán), titular de la comisión de Economía Nacional e Inversión señaló que el proyecto de ley de warrants amplia el ámbito de aplicación de la ley y el plazo de vigencia. Además se podrá negociar el certificado como título de crédito en el mercado de valores: “lo que hace que el warrants se transforme en un título escriturarle”, aseguró la tucumana.

También agregó que el proyecto permite la ejecución de la mercadería en depósito, la inaplicabilidad de algunas normas de la ley de concursos y quiebras, declarando la inembargabilidad de los depósitos. Por último, modifica el régimen sancionatorio administrativo y postula nuevos requisitos para las emisoras de los warrants.

Por su parte, el autor del proyecto, Alfredo De Angeli (PRO-Entre Ríos) propuso “mejorar una ley que tiene más de 100 años” y ejemplificó que permitirá warrantear maquinaria agrícolas, la pesca (desde la captura) y las plantaciones en pie. “En 2018 hubo casi mil millones de warrants”, aseguró el senador y se mostró auspicioso de que con esta modificación, “no va a tener techo”.

A continuación, el senador Mario Pais (Justicialista-Chubut) destacó que el proyecto “se puede transformar en un derivado financiero importante”, pero pidió dos modificaciones: que no se designe la Autoridad de Aplicación porque es competencia del Poder Ejecutivo y ampliar el plazo de los funcionarios para formar parte de una warrantera, según la Ley de Ética Pública.

Por su parte, el senador Maurice Closs (Justicialista-Misiones) apoyó la iniciativa pero pidió aumentar las herramientas de crédito y que “la Banca Pública ofrezca dinero”, mientras que el senador José Mayans (Justicialista-Formosa), también adelantó el voto positivo, pero se refirió a “la preocupación por el sistema económico es muy profundo”. En la misma línea, la senadora Magdalena Odarda (Fte Alianza Progresista-Río Negro) cuestionó que el warrant resolviera la situación de las economías regionales, aunque también apoyó la iniciativa y pidió tratar proyectos de emergencia de las producciones locales.

Desde el Frente para la Victoria, el senador Marcelo Fuentes (FPV-PJ-Neuquén) también se remitió a la crisis financiera de altas tasas, pero, a diferencia de sus antecesores, adelantó el voto negativo de su bloque y dijo que “no es serio que ante la crisis económica pensemos que estamos dando un elemento dinamizador de crédito”. Y agregó que se trata de sólo “un parche” que va a generar una concentración en pocas manos.

A modo de cierre, el co autor del proyecto, Esteban Bullrich (PRO-Buenos Aires) destacó que el warrant “es una herramienta que viene a ayudar al productor que hoy está preso y tiene que vender su producto, obligado, apenas lo cosecha”, y señaló que esta permitiría que el productor guarde la mercadería en su campo y “usarla como garantía para no tener que vender en el peor momento de precios”.

También dijo que es una ayuda para las economías regionales, ya que, a modo de ejemplo, esta ley permite warrantear la fruta en árbol, es decir la fruta en proceso, para que sea financiada a una tasa razonable.

“Con esta ley, el Senado está apostando a la producción, a aumentar la demanda, la oferta, a agregar valor, a generar empleo en las economías regionales. Tenemos la posibilidad de ser el supermercado del mundo”, concluyó antes de la votación.

Algunos puntos del proyecto

  • Amplía el ámbito de aplicación de la ley: antes podían ser frutos o productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros o de manufacturas nacionales. Este proyecto busca ampliarlo a bienes o productos de cualquier origen (es decir que se incluyen los importados), de cualquier naturaleza y en cualquier estado, incluyendo especies vivas y/o en proceso de elaboración, bienes o productos en tránsito.
  • Modifica el plazo de vigencia de los créditos del warrant y del certificado de depósito que se extiende de 6 a 12 meses, con posibilidad de prórroga.
  • Las empresas pueden realizar la operatoria en depósitos propios o de terceros.
  • Se definen los requisitos mínimos de cobertura que deben contener las pólizas de seguros.
  • Establece la posibilidad de negociar el warrant como título de crédito en el mercado financiero.
  • Se autoriza la venta de los bienes depositados por parte de la sociedad emisora, bajo determinadas circunstancias por acuerdo de partes.
  • Se requiere el certificado de antecedentes judiciales para formar parte de una sociedad de Warrants, se establecen inhabilidades e incompatibilidades (Condenados, procesados, fallidos quiebra, etc)
  • Introduce el derecho del depositario de ejecutar la mercadería dada en depósito frente a la inacción de depositante y el acreedor, al vencimiento del plazo acordado en el warrant.
  • El proyecto dispone la inembargabilidad de los bienes o productos dados en depósito y determina la inaplicabilidad de determinadas normas de la ley de Concursos y Quiebras.
  • Régimen sancionatorio: se fija un amplio régimen de sanciones como apercibimiento, multas, pérdida de autorización para funcionar, intervención, etc. y se determina el procedimiento administrativo para aplicar esas sanciones.

 

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